Últimamente ha corrido el mito, probablemente promovido por determinados intereses, que la CNMC, además de perder en los tribunales, se ve obligada a indemnizar a las empresas a las que intenta sancionar. La realidad es totalmente distinta. El Tribunal Supremo confirma de media el 82,7% de las resoluciones y los costes de constitución de los avales que se ve obligada a devolver son ínfimos en relación con las sanciones que se imponen.
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Los datos son contundentes. Entre 2006 y 2012 se impusieron sanciones por 1.002 millones de euros. Mientras que los costes de constitución de los avales que se tuvieron que devolver han sido mil veces menos, se limitaron a 1,2 millones de euros.
Fuente: CNMC
En las últimas semanas: empresas que han cerrado centrales de producción de energía sin autorización debida (poniendo en riesgo el suministro); que han vendido palés con sobreprecio encareciendo el transporte de todo tipo de productos; o que se han compinchado para repercutir en los compradores de motos una subida de impuestos… son algunas decisiones ratificadas por el Tribunal Supremo.
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Pero cuando, por diversas razones, los Tribunales de Justicia anulan una resolución de Competencia las empresas pueden iniciar un procedimiento, lo que se denomina una reclamación de responsabilidad patrimonial.
El objetivo de la empresa sancionada no es otro que recuperar los gastos derivados del aval bancario que tuvieron que constituir ante los tribunales, en garantía de la suspensión de la obligación del pago de la multa. Debemos recordar que la Audiencia Nacional, como regla general, concede la suspensión de pago a condición de que se constituya una garantía (por ejemplo, un aval).
Pues bien, el proceso de reclamación patrimonial lo emprenden algunas empresas cuando en algunos casos escasos el Tribunal Supremo anula la totalidad de la resolución de la CNMC.
Y entonces, ¿qué sucede?
A partir de ese momento, el Ministerio de Economía y Empresa, solicita un informe al Consejo de Estado. En virtud del resultado de dicho informe, emite una resolución en la que se resuelve la petición de la empresa, estimándola o desestimándola.
¿Se ha producido alguna?
Pues bien, durante el año 2017 se produjeron 9 resoluciones de tales características. Cuatro de ellas han sido desestimatorias del deseo de las empresas de exigir la responsabilidad patrimonial. Mientras que, por el contrario, cinco han sido estimatorias y obligan a la Administración a devolver los costes de constitución del aval que las empresas tuvieron que depositar cuando iniciaron el recurso ante los tribunales contencioso-administrativo.
A continuación puedes ver una relación de las mismas:
- Las desestimatorias han sido las siguientes:
Fuente: CNMC
- Y las estimatorias, que derivan de expedientes entre 2009 y 2011:
Fuente: CNMC
Estos datos se limitan a la actividad de Competencia y habría que añadir las resoluciones que competen a responsabilidades de supervisión y regulación.
Por curiosidad, en términos económicos ¿Qué porcentaje de las multas han sido confirmadas por el TS? Es decir, cuántos de los 1000M representan ese 82% de resoluciones confirmadas por el TS
Realmente no dan una a derechas. Se escudan en datos de hace casi 8 años para justificar unas noticias que, por mucho que les pese, demuestran que estamos en manos de unos inútiles e ineptos, que además, nos cuestan una pasta. 2,2 millones de euros no los ganó yo todos los días, pero parece ser que para el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, es una bagatelas. Espero que desde las instancias que sean competentes les cesen y abran una Auditoría, pues, igual no es tan descabellado, nos encontraremos con sorpresas.