El pasado 13 de febrero tuvo lugar en la CNMC una nueva edición de los Espacios Compliance (que ya rozan la treintena). Fue la tercera vez que la CNMC rindió tributo a los denunciantes, abriendo las puertas del espacio público para que se escuchara y demandara a España una valiente y real protección de los mismos.

*** Escrito por Carlos Balmisa García-Serrano

En el mundo que vivimos, las autoridades públicas conocemos bien que ya no existen silos, los lugares opacos cada vez son menos o deberían serlo, el escrutinio público nos está saneando.

Asistieron representantes de los principales grupos parlamentarios que, unánimemente, se mostraron unidos en la necesidad de la urgente transposición de la Directiva de Whistleblowers y la defensa de los denunciantes, alertadores o simples informadores.

Detalle de la mesa redonda. Espacio Compliance, 13.02.2020. CNMC

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, destacó que: “En este escenario de conocimiento y creación transversal e ilimitada, la participación social en los asuntos públicos torna vital, que nadie se sienta incómodo, el marco normativo puede seguir siendo una buena base jurídica, pero el mundo exige algo más”.

El presidente de la CNMC en la inauguración de la jornada. CNMC

“La protección de las personas que dan a conocer información de actos que atenten contra el interés público, no sólo se ha erigido como un acto de vital relevancia para luchar contra la corrupción y otros ilícitos penales, cuanto también para prevenir actos irregulares o malas prácticas y, especialmente, para marcar la diferencia entre los que de forma sincera y demostrable van a proteger a los denunciantes y quiénes no”.

 Con este acto la CNMC y Blueprint for Free Speech quisieron renovar su apoyo a todos aquellos que, de una u otra forma, han puesto en riesgo su integridad personal y profesional, al desvelar al público irregularidades tanto en el sector público como en el privado.

Desde diciembre de 2019, España se encuentra ante el desafío de transponer la Directiva recientemente adoptada relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Los Estados Miembros disponen de 24 meses para transponer el texto aprobado, respetando y mejorando las provisiones allí establecidas.

La Directiva nace bajo la necesidad de establecer normas comunes para el conjunto de los Estados Miembros de la Unión, que hoy presentan grados de protección desiguales.

Entre tanto, algunas Comunidades Autónomas han aprobado disposiciones legislativas enormemente vanguardistas y observan con temor que la norma estatal no sea todo lo ambiciosa que el momento exige, y, tengan que retroceder en sus avances.

“Los informadores de malas prácticas esperan del sector público y la sociedad civil que acucia a aquel, una trasposición valiente, sincera y ambiciosa. Una vez más nos probaremos como país, esperando no decepcionar a la sociedad nuevamente”.

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