En una entrada anterior te presentamos la primera recomendación de nuestro estudio sobre la liberalización de los servicios ferroviarios de Cercanías y Media Distancia, centrada en el fomento de la competencia tanto en licitaciones como en la aplicación de la normativa.
En esta nueva parada, abordamos la necesidad de transformar también el marco institucional. Porque no solo importan las reglas, sino también quién las aplica y cómo lo hace.

¿Cómo se organiza el sistema?
El funcionamiento de los servicios sujetos a Obligaciones de Servicio Público (OSP) depende de varios actores públicos:
- las autoridades de transporte que deciden y licitan los servicios,
- el gestor de infraestructuras;
- y los operadores ferroviarios (algunos de titularidad pública).
Este reparto de funciones es habitual en el ámbito europeo. Sin embargo, cuando las administraciones tienen vínculos con operadores que participan en las licitaciones, pueden surgir conflictos de interés, decisiones sesgadas en el diseño de los procesos o ventajas informativas entre operadores.
Independencia de los actores para fomentar la competencia
Para que la competencia funcione, es clave que cada actor sea independiente, tenga un papel bien definido y que las decisiones se adopten con criterios objetivos y transparentes. Recomendamos:
- Evitar o reducir los vínculos entre autoridades que licitan y operadores que concurren.
- Reforzar la separación entre gestión de infraestructuras, regulación y prestación de servicios.
- Garantizar que ningún operador parta con ventajas derivadas de su relación con las administraciones.
Supervisar mejor para competir mejor
En algunos ámbitos, la supervisión de la prestación de los servicios de Media Distancia y Cercanías se realiza por las propias autoridades que diseñan y gestionan los servicios.
Nuestro estudio destaca la necesidad de una supervisión independiente para mejorar la calidad de los procesos de licitación y así aumentar la confianza de los operadores.
Así que consideramos necesario reforzar el papel de la CNMC en el sector ferroviario. Para ello, proponemos:
- Potenciar su función consultiva en cuestiones que afecten al sector.
- Fortalecer sus funciones para:
I. Supervisar y evaluar la declaración de servicios OSP y las adjudicaciones directas.
II. Emitir informes previos sobre aspectos relevantes de las licitaciones.
III. Participar en la resolución de conflictos entre administraciones y operadores.
Coordinación y coherencia territorial
El reparto de competencias entre distintas administraciones (Estado y Comunidades Autónomas) añade un reto adicional: la coherencia del sistema en su conjunto.
Una mayor diversidad en los modelos de gestión requiere coordinación, criterios comunes y capacidad suficiente técnica y de recursos para diseñar y gestionar licitaciones complejas. Solo así se evitarán la fragmentación del sistema y las inconsistencias entre las diferentes autoridades.
¿Quieres saber más?
Consulta nuestra nota de prensa, nuestra infografía, nuestro documento de preguntas y respuestas y nuestro estudio.
Un tren para todos (I): los retos de la liberalización de Cercanías y Media Distancia
Un tren para todos (II): la competencia debe marcar el camino
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