La UE revisa la normativa de contratación pública: las propuestas de la CNMC

La forma en que las administraciones públicas contratan bienes y servicios tiene un impacto directo en la competencia, los precios y la calidad que reciben los ciudadanos. Por eso, promover una mayor competencia en las licitaciones públicas —y prevenir prácticas anticompetitivas—es una parte esencial de la labor de la CNMC.

Llegó la hora de hacer los deberes. Foto en Pixabay

En los últimos años, distintos estudios (como el Informe fiscalización del Tribunal de Cuentas Europeo de 2023) han identificado una tendencia preocupante: disminuye el número de empresas que participan en las licitaciones, aumentan los procedimientos con un único licitador, crece el uso de fórmulas no competitivas y la adjudicación transfronteriza sigue siendo limitada.

Esta evolución reduce la presión competitiva y aumenta el riesgo de acuerdos anticompetitivos entre empresas (colusión o bid rigging), especialmente en mercados concentrados y estandarizados. Las consecuencias son claras: mayores costes económicos y sociales, menor eficiencia e innovación, más barreras de entrada y una erosión de la confianza pública.

La revisión normativa como oportunidad

En este contexto, la CNMC ha querido contribuir al proceso de revisión de las Directivas europeas de contratación pública de 2014, con propuestas para:

Facilitar la participación de las empresas —especialmente de las pymes—.
Reforzar la prevención y detección de prácticas colusorias.
Mejorar el acceso y el uso de los datos de contratación pública.

El punto de partida es sencillo: más competencia se traduce en mejores precios, mayor calidad, más variedad e innovación, tanto para el sector público como para la ciudadanía.

Tres pilares para una contratación más competitiva

1- Facilitar el acceso a las licitaciones, especialmente a las pymes

El primer pilar busca facilitar el acceso a las licitaciones, especialmente para las pymes, y reducir las barreras que limitan la competencia. Entre las principales propuestas destacan:

Clarificar los objetivos estratégicos de la contratación pública, incorporando de forma explícita el impulso a la participación de las pymes.
Aportar mayor seguridad jurídica en el uso de criterios sociales, medioambientales y de innovación sin perjudicar la competencia.
Reforzar los principios de libre competencia, neutralidad competitiva y proporcionalidad en el diseño de las licitaciones.
Simplificar la regulación y reducir cargas administrativas.
Impulsar una digitalización efectiva e interoperable y fomentar procedimientos simplificados.
Mejorar la planificación y la transparencia, con salvaguardas para mitigar el riesgo de colusión.
Delimitar mejor el uso de alternativas a la licitación competitiva, como los encargos a medios propios o la cooperación horizontal.
Favorecer instrumentos que faciliten la participación, como puntos únicos de acceso, mecanismos de autodeclaración y repositorios de licitadores preclasificados.
Favorecer la división en lotes, el uso de criterios de adjudicación objetivos y la reducción de cargas financieras.
Reconocer la experiencia de los subcontratistas y reforzar la evaluación ex post de los contratos.

2- Reforzar la lucha contra la colusión en contratación pública

El segundo pilar se centra en prevenir y detectar acuerdos anticompetitivos en las licitaciones. Las propuestas incluyen:

Incorporar de forma explícita el concepto de colusión en las Directivas.
Reforzar la capacidad de los poderes adjudicadores para identificar riesgos.
Mejorar los mecanismos de exclusión de empresas cuando existan indicios suficientes.
Garantizar la coherencia entre las prohibiciones de contratar y los programas de clemencia.
Limitar la difusión de información sensible que pueda facilitar la coordinación entre empresas.
Reforzar la cooperación entre autoridades de contratación y autoridades de competencia.
Reforzar la formación y la concienciación sobre este tipo de prácticas en quienes gestionan licitaciones públicas.

3- Mejorar el acceso a los datos de contratación pública

Un tercer eje pone el foco en la información. Disponer de información completa, estructurada y accesible permite detectar mejor los patrones anómalos y mejorar el diseño de los procedimientos. Entre las medidas propuestas destacan:

Reconocer expresamente a las autoridades de competencia como destinatarias de la información sobre contratación pública.
Garantizar el acceso directo a bases de datos nacionales con información sobre licitadores, criterios de adjudicación, información completa sobre todas las ofertas, incluidas las no ganadoras, subcontratación, modificaciones y ejecución de los contratos.
Garantizar el acceso automático a estos datos a las autoridades de competencia.
Establecer salvaguardas en la información que se haga pública para evitar riesgos de colusión.

La Comisión Europea ha fijado para el segundo trimestre de 2026 la reforma de la normativa de contratación europea. Desde la CNMC seguiremos atentos a los próximos avances de este proceso.