La CNMC ha publicado un estudio sobre las ayudas públicas destinadas al despliegue de banda ancha en las zonas menos conectadas de España.

Hablemos de dinero

Entre 2013 y 2020, 344 millones de euros en ayudas públicas facilitaron el despliegue de banda ancha en más del 40% de municipios españoles.

Hablamos de subvenciones que incentivan que las compañías inviertan en “zonas poco rentables”; es decir, allí donde es muy caro desplegar banda ancha porque apenas hay habitantes que contraten el servicio. Se trata, sobre todo, de poblaciones de menos de 5.000 habitantes.

Durante los ocho años analizados (2013-2020), los municipios con fibra óptica se multiplicaron por 15 (de 270 a 4.000). Las comunidades autónomas con menos accesos activos de fibra (como Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha o Castilla y León) fueron las que más ayudas recibieron.

Estas ayudas suelen representar entre el 40% y el 60% del presupuesto total de los proyectos subvencionados. Estos porcentajes (o “intensidad de la ayuda”) tienden a ser superiores en poblaciones más dispersas y montañosas, como Galicia o Asturias, o con particularidades geográficas como Ceuta.

A cierre de 2020, la fibra óptica fue la tecnología con más proyectos de ayuda finalizados (95%); y Telefónica, el operador que ejecutó más ayudas (42%).

Distribución de presupuesto, ayuda e intensidad por CCAA y ciudades autónomas

¿Qué gana el consumidor?

La empresa que, gracias a una subvención, acaba explotando la red está obligada a dar acceso al resto de las compañías a la infraestructura. Esto favorece que, además de que el consumidor tenga acceso a la red de banda ancha, haya más operadores en el mercado (menor concentración empresarial) y, por tanto, que los consumidores dispongan de más ofertas.

En 2020, el 91% de los municipios con fibra ya contaba con dos o más compañías que prestaran este servicio. Telefónica seguía siendo el operador con más accesos activos de banda ancha, pero su cuota había caído doce puntos desde 2013.

Soluciones a la falta de conectividad

Todavía queda mucho trabajo por hacer, ya que el año 2020 cerró con más de 4.000 municipios españoles sin acceso activo a fibra óptica (el 92% tenía menos de 1.000 habitantes).

La CNMC recomienda reforzar la coordinación entre las administraciones, para evitar que se solapen o dupliquen las subvenciones. También, aconseja buscar el efecto incentivador y procompetitivo que pueden tener las ayudas en los mercados de banda ancha y favorecer, en la medida de lo posible, la neutralidad tecnológica. Por último, la CNMC recomienda extender la cultura de la evaluación a posteriori (ex post) de los programas de ayudas.

 

Para más información, puedes consultar el Estudio sobre las ayudas públicas para el despliegue de banda ancha en España o el Informe anual de ayudas públicas de 2022.  

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