El ciudadano tiene la palabra

Recientemente hemos celebrado en la CNMC un encuentro sobre Competencia y Contratación pública: nuevas formas de evitar la corrupción. Tuvimos el honor de contar entre los participantes con María Ntziouni-Doumas, representante de la Oficina Europea AntiFraude (OLAF). En sus declaraciones fue rotunda: ha llegado el momento de la sociedad civil, los ciudadanos que tienen conocimiento de conductas ilícitas tienen que confiar en las instituciones y denunciar estos comportamientos.

Foto en Pixabay

Su razonamiento, impecable: las actuaciones colusorias revierten en corrupción y eso se traduce en precios más elevados y peor calidad en los servicios que presta una administración que pagamos con nuestros impuestos.

Unos días después, se celebró en Málaga la XI Jornadas Nacionales de Competencia con un leiv motiv: mejora de la regulación y competencia. El encuentro lo inauguraron los ex presidentes de la Autoridad: Amadeo Petitbó, Luis Berenguer y Joaquín García Bernaldo de Quirós.

El mensaje volvió a repetirse: “El ciudadano tiene que entrar en juego y reclamar”. “El derecho de competencia debe formar parte del control de legalidad que deben hacer los tribunales y que puede reclamar el ciudadano, descargando el peso de las Autoridades de Competencia”. «El Derecho de la competencia es un derecho ciudadano y dándoselo al ciudadano es la mejor protección frente a los lobbies”. “Seremos los ciudadanos los que consigamos una mejor regulación desde abajo”.

¿Y esto qué significa?

En realidad supone que el ciudadano debe hacerse propietario de la política de competencia y de la buena regulación. Dicho de otra manera, el giro de la aplicación pública hacia la aplicación privada (reclamación de daños). Se trata de un proceso que ya se ha producido en Estados Unidos y que en Europa empieza a eclosionar ahora. Las autoridades de competencia han tenido un rol prioritario en la lucha por la regulación eficiente, pero acabaremos yendo hacia la acción privada.

De alguna manera podríamos decir que se trata de una evolución que ya se está produciendo en la actividad de las propias autoridades, que han dejado de “informar” para “impugnar” cada vez más. Pero las autoridades de competencia no pueden estar todo el día impugnado disposiciones: debe entrar en juego el ciudadano y reclamarlo él. Es decir, que los ciudadanos tienen que tomar la iniciativa, a través de sus  denuncias, y reclamar sus derechos, en lugar de esperar a que la autoridad resuelva sus problemas. El derecho de la competencia debe formar parte del control de legalidad que deben hacer los tribunales y que puede reclamar el ciudadano, descargando el peso de las autoridades.

Los ex presidentes mandaron un mensaje de confianza a los ciudadanos: “La defensa de la competencia y regulación eficiente son ajenas a cambios institucionales y gobiernos. Los principios que inspiran a las Autoridades de Competencia permanecen inalterados en el tiempo y los informes, estudios, etc. de hace años siguen siendo plenamente válidos y se siguen citando Jornada tras Jornada”. En definitiva, “son un signo más de la independencia que caracteriza y debe caracterizar a las Autoridades de Competencia”.

Esto significa que el ciudadano debe hacerse propietario de la política de competencia y de una buena regulación. Se trata de una afirmación fácil de realizar, pero que supone un giro de la aplicación pública hacia la aplicación privada (reclamación de daños), como ya ocurre en los Estados Unidos (en Europa empieza a eclosionar ahora). Hasta ahora las autoridades de competencia han jugado un papel protagonista en la lucha por la regulación eficiente pero acabaremos yendo hacia la acción privada.

¿Y cómo podemos afrontar este cambio?

La CNMC realiza una labor informativa de los derechos de los ciudadanos que puedes consultar en la página web y recibe a ciudadanos y alumnos de distinto grado para explicar su labor.

Pero, además, cuenta con buzones de denuncia que facilitan la colaboración de los ciudadanos.