La CMT ha aprobado la regulación definitiva para los mercados mayoristas de líneas alquiladas terminales (utilizadas para dar servicio a clientes empresariales y conectar estaciones de telefonía móvil) y de líneas alquiladas troncales (utilizadas por los operadores alternativos para construir su red troncal).
Esta medida forma parte del proceso de análisis de los diferentes mercados de telecomunicaciones que el regulador debe llevar a cabo de acuerdo con la normativa comunitaria y estaba prevista en el Plan de Actuaciones de la CMT. Ha sido sometida a un proceso de consulta pública en que ha participado la Comisión Nacional de Competencia, la Comisión Europea y los principales operadores.
Líneas alquiladas troncales: Diez rutas submarinas siguen reguladas
Aunque la mayor parte del mercado de líneas alquiladas troncales se encuentra desregulado desde 2008, la CMT mantiene la regulación para las 10 rutas submarinas que conectan la península con las islas y algunas islas entre sí: Cádiz – Ceuta; Málaga – Melilla; Península – Canarias; Gran Canaria – Fuerteventura; Gran Canaria – Lanzarote; Tenerife – La Palma; Tenerife – La Gomera; Hierro – La Gomera; Mallorca – Menorca e Ibiza – Formentera.
El único modo que tienen los operadores alternativos para prestar servicios de forma directa en los territorios insulares es a través de los cables submarinos de Telefónica, ya que el uso de tecnologías como el satélite no sustituye de forma fiable la transmisión por fibra óptica. Esta dependencia convierte al cable submarino en un “cuello de botella” que afecta negativamente al desarrollo de la competencia en los territorios que conectan. En este sentido, la CMT ha comprobado que la cuota de mercado de Telefónica en banda ancha en estos territorios es superior a la del resto del Estado: si en la Península se sitúa en torno al 48%, en las Islas Canarias supera el 70% y en Ceuta llega al 88%.
Para facilitar que en estos territorios se pueda disfrutar de la misma variedad de ofertas de servicios de telecomunicaciones (en especial de banda ancha) que en la Península, se obliga a Telefónica a alquilar los sistemas de cable submarino en estas rutas a unos precios regulados por la CMT.
En el caso de las Islas Canarias, se espera que los dos sistemas de cable submarino alternativos a los de Telefónica, Canalink y WACS, operativos desde 2011, aumenten la presión competitiva y permitan a otros operadores competir reduciendo precios en el mercado minorista. Además, en Gran Canaria y Tenerife cuentan con la presencia de ONO que está desplegando la tecnología DOCSIS 3.0 que permitirá el acceso a redes NGA. De todos modos, la cuota de Telefónica en estas islas es aún muy importante (en las islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria, la cuota es del 71,3% y 67,4%, respectivamente).
Por eso, finalmente se ha decidido mantener la regulación un tiempo más hasta que las mejoras en la situación competitiva del archipiélago se consoliden.
Líneas alquiladas terminales: se mantiene la regulación
Las líneas alquiladas terminales consisten en conexiones permanentes, de un ancho de banda fijo y garantizado, entre la red de un operador y un cliente final o una estación base de la red móvil, a través de la red pública de telecomunicaciones. Estos servicios son fundamentales para fomentar la competencia en el segmento empresarial y también para conectar las estaciones base de telefonía móvil de los operadores móviles. Debido al crecimiento exponencial de los servicios de banda ancha móvil, es muy importante para los operadores móviles contar con líneas alquiladas terminales de alta capacidad que permitan cursar todo el tráfico de datos móvil.
La CMT considera en este análisis que no existe competencia efectiva en el mercado de líneas alquiladas terminales al por mayor. Telefónica ha sido designada como operador con poder significativo de mercado con una cuota del 70% en términos de líneas.
El análisis del mercado propone, por tanto, mantener las obligaciones impuestas a Telefónica en materia de acceso, transparencia (publicación de una oferta de referencia) y no discriminación, así como diferentes obligaciones contables y de control de precios. Como novedad, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea, se extienden las obligaciones de acceso y precios razonables también para los circuitos Ethernet de velocidades superiores a 1 Gbit/s. Con esta medida, España será uno de los pocos países europeos en que los operadores alternativos contarán con la posibilidad de acceder a un servicio mayorista de tan elevada capacidad.
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