A veces las entidades del sector público son víctimas de conductas anticompetitivas —como pactos de precios o reparto de licitaciones— por parte de las empresas con las que contratan.
Pueden reclamar daños y perjuicios como cualquier afectado, pero no siempre lo saben. La CNMC ha empezado a informarles de esta posibilidad mediante cartas.
Cuando la falta de competencia sale cara
La contratación pública mueve una parte muy importante de la economía. A través de ella, las administraciones compran productos, contratan servicios y ejecutan obras públicas.
Pero, en ocasiones, algunas empresas pactan precios, se reparten licitaciones o coordinan sus ofertas para eliminar la competencia. Estas prácticas, conocidas como bid rigging, encarecen las compras públicas y pueden reducir la calidad de los bienes y servicios contratados.
La CNMC persigue y sanciona estas conductas desde hace años (con el uso, por ejemplo, de herramientas como BRAVA) y promueve una contratación pública más abierta y competitiva mediante guías y formaciones.
Las administraciones también pueden reclamar
Además de las sanciones que impone la CNMC, cualquier afectado por una conducta anticompetitiva —entre ellos, las entidades públicas— tiene derecho a reclamar una compensación a las empresas infractoras.
Estas reclamaciones permiten recuperar el dinero perdido y contribuyen a prevenir nuevas infracciones. Según la OCDE, estas prácticas pueden llegar a incrementar el coste de la contratación pública hasta un 20 %.
La CNMC informa a las posibles entidades afectadas
Aunque este derecho existe, muchas administraciones desconocen que pueden ejercerlo. Por ello, la CNMC ha comenzado a enviar cartas informativas a entidades públicas que podrían haberse visto afectadas por conductas anticompetitivas.
Esta iniciativa se suma a otras actuaciones, como la publicación de la Guía de cuantificación de daños (2023), la organización de jornadas con expertos y administraciones públicas (2025) y una consulta pública para conocer por qué el sector público reclama tan poco.
El objetivo es claro: que las entidades públicas conozcan sus derechos, valoren si han sufrido un perjuicio y, en su caso, reclamen los daños ante los tribunales. Porque defender la competencia también significa proteger el dinero público y garantizar que quienes han sufrido un perjuicio puedan reclamarlo.
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