¿Qué ocurre si una plataforma se utiliza para difundir masivamente información falsa sobre dónde o cómo votar? ¿Y si circula un vídeo manipulado de un candidato pocas horas antes de unas elecciones? ¿O si una red de cuentas falsas intenta amplificar artificialmente determinados mensajes? Aquí es donde entra en juego el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, más conocido como Digital Service Act (DSA, por sus siglas en inglés). Os explicamos su papel en los procesos electorales.
Una norma que protege las elecciones
En las campañas electorales aún perviven los mítines, las pegadas de carteles y los debates entre candidatos, pero los algoritmos de recomendación, la publicidad, los contenidos virales o las cuentas automatizadas pueden determinar qué información llega a millones de personas y con qué rapidez.
El Reglamento de Servicios Digitales presta especial atención a las plataformas y motores de búsqueda de muy gran tamaño —las conocidas como VLOPs y VLOSEs— (por ejemplo, X, Instagram, Meta, Google, YouTube…). Su funcionamiento (alcance del contenido y forma en que lo distribuyen y amplifican) puede generar riesgos para todo el sistema democrático.
El artículo 34 de la DSA menciona expresamente entre los riesgos que deben evaluar «cualquier efecto negativo real o previsible sobre el discurso cívico y los procesos electorales, así como sobre la seguridad pública».
Las grandes plataformas y buscadores deben analizar cómo el diseño, el funcionamiento o el uso de sus servicios pueden contribuir a estos riesgos. Eso incluye analizar sus sistemas de recomendación, sus mecanismos de moderación, sus sistemas publicitarios, sus prácticas relacionadas con los datos o la posible manipulación de sus servicios mediante cuentas falsas, bots u otros comportamientos coordinados.
Las VLOPs y VLOSEs también deben prestar atención a contenidos que, sin ser necesariamente ilícitos, puedan contribuir a esos riesgos, incluida la difusión o amplificación de información incorrecta o engañosa y las campañas de desinformación.
Después de identificar los riesgos, el artículo 35 les exige adoptar medidas de reducción «razonables, proporcionadas y efectivas». Estas pueden afectar al diseño del servicio, los sistemas de recomendación, la publicidad, la moderación de contenidos, los recursos internos o la cooperación con otros actores.
El enfoque de la DSA es distinto al tradicional: pretende evitar que el diseño, el funcionamiento o el uso de las grandes plataformas genere o amplifique riesgos sistémicos para el debate democrático y los procesos electorales.
Debe hacerse respetando los derechos fundamentales, en particular, la libertad de expresión e información y el pluralismo de los medios de comunicación.
Un manual dedicado a las elecciones
Para concretar estas obligaciones, la Comisión Europea publicó en 2024 unas directrices sobre la reducción de los riesgos sistémicos para los procesos electorales, dirigidas específicamente a las VLOPs y VLOSEs. Fueron las primeras relativas a los riesgos sistémicos del artículo 35 de la DSA.
Están pensadas para que las plataformas no esperen a que aparezca un problema el día de las elecciones, sino para que preparen con antelación las medidas para cada proceso.
Entre otras cosas, la Comisión recomienda:
- reforzar los procedimientos y recursos internos;
- adoptar medidas específicas adaptadas a cada proceso electoral y al contexto nacional y lingüístico correspondiente;
- cooperar con autoridades nacionales y europeas, expertos y organizaciones de la sociedad civil;
- establecer mecanismos para responder rápidamente a incidentes durante el periodo electoral;
- adoptar medidas específicas frente a los riesgos derivados de la inteligencia artificial generativa;
- realizar evaluaciones posteriores a las elecciones para comprobar si las medidas adoptadas han funcionado.
La disponibilidad de información fiable sobre las elecciones es muy importante. Ante campañas destinadas, por ejemplo, a confundir sobre cuándo, dónde o cómo votar, las plataformas pueden adoptar medidas para facilitar la visibilidad de información procedente de fuentes oficiales.
La idea es sencilla: anticipar los riesgos, preparar recursos suficientes y contar con mecanismos que permitan reaccionar con rapidez ante un incidente.
¿Y qué ocurre con los deepfakes y la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial generativa añade nuevos desafíos. Es posible crear en pocos minutos una imagen, un audio o un vídeo aparentemente real de un candidato diciendo o haciendo algo que nunca ocurrió. Si ese contenido se difunde masivamente justo antes de una votación, su impacto puede producirse sin que haya tiempo para identificarlo o desmentirlo.
La propia DSA contempla este problema. Entre las posibles medidas está distinguir claramente imágenes, audios o vídeos generados o manipulados que puedan inducir a que son auténticos, además de facilitar mecanismos para que los usuarios puedan reportarlos.
Las directrices electorales desarrollan este enfoque y recomiendan a las grandes plataformas y buscadores adoptar medidas frente a los riesgos de la inteligencia artificial generativa.
En un próximo post os seguiremos contando qué otros instrumentos ayudan a preservar los procesos electorales en Europa.
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