Hace diez años, en 2009, se fijó un plazo máximo de 12 meses para que se delimitasen las profesiones de colegiación obligatoria en una ley estatal, que todavía no se ha aprobado. Seguimos en una situación transitoria que genera inseguridad e incertidumbre. Es la historia de nunca acabar.
Una de las obligaciones de la CNMC es promover reformas para eliminar los fallos de mercado en beneficio de los consumidores y usuarios. Pues bien, en esta ocasión queremos recordar una cuestión que se ha convertido en The neverending story: los colegios profesionales.
Veinte años de historia
En 1992, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) aprobó su Informe sobre el Libre Ejercicio de las Profesiones. Aquellas primeras recomendaciones fueron un elemento determinante en las reformas de los años noventa. Así, el Real Decreto-ley 5/1996 de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y colegios profesionales introdujo reformas relevantes – como la sujeción del ejercicio de estos servicios a la normativa de defensa de la competencia o la eliminación de provisiones que restringían la competencia en precios –. Pero no fue suficiente: mantuvo las restricciones de entrada tradicionales.
En 2008 fue la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) quien aprobó el Informe sobre el sector de servicios profesionales y colegios profesionales y en 2012. De nuevo la CNC, aprobó el Informe sobre los Colegios Profesionales tras la Transposición de la Directiva de Servicios. Aquellas propuestas permitieron dar un paso más en la liberalización, eliminando restricciones de ejercicio históricas, como los baremos de honorarios.
Los cambios quedaron recogidos a través de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus).
Como tampoco fue suficiente, a finales de 2013 el Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley sobre Colegios y Servicios Profesionales. Fue informado por la CNMC y el Consejo de Estado a finales de 2013 y que se trasladó como Proyecto de Ley al Parlamento español.
Tampoco parecía suficiente, pues mantenía la colegiación obligatoria en casos de dudosa justificación, o cuando se cumplieran determinados requisitos, en vez de dar la opción al legislador de hacerla o no obligatoria en dichos casos. Entre otras cosas. Pero ni siquiera se aprobó.
Una reforma necesaria
Desde hace más de dos décadas, la autoridad de competencia española ha realizado recomendaciones de modificación normativa para impulsar la competencia en el sector de servicios profesionales. La CNMC considera necesario impulsar la competencia en el sector de los servicios profesionales. En la regulación de este sector persisten restricciones para acceder y ejercer las actividades profesionales que dificultan la innovación, la mejora de la calidad y de la competitividad de los servicios, perjudicando a los consumidores y usuarios.
En España el sector de servicios profesionales genera cerca del 9% del PIB, y representa en torno al 6% del empleo total y al 30% del empleo universitario.
Su importancia en la prestación de servicios a empresas, uno de los sectores más prometedores en términos de creación de empleo, resulta fundamental. Eliminar barreras, modernizar el sector para favorecer la innovación y la movilidad interprofesional es clave para que la economía española pueda afrontar con éxito los cambios derivados de la digitalización y de la internacionalización de la economía.
Últimas actuaciones
Hoy mismo, la CNMC ha publicado su análisis del borrador del Estatuto General de la Abogacía Española. Advierte que la nueva figura de “profesional de la abogacía” plantea riesgos para la competencia y restringe el acceso y ejercicio de la profesión. La CNMC valora positivamente la eliminación de la mención expresa de la incompatibilidad en el ejercicio de la profesión de abogado y procurador y la eliminación de la prohibición de la cuota litis. Aunque advierte que persisten restricciones al acceso y al ejercicio de la profesión como la injustificada ampliación de la colegiación obligatoria, la vinculación con el domicilio y la exigencia de un seguro obligatorio (nota de prensa).
En febrero, la CNMC publicó otro informe en el que realizó una serie de recomendaciones a los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (nota de prensa). En mayo, el turno fue para las recomendaciones a los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos (nota de prensa).
Y seguiremos insistiendo. Modernicemos este sector. Estamos a tiempo.
No estoy nada de acuerdo con este artículo y con esta postura. Los colegios profesionales tienen un papel importante en la sociedad, y ayudan a que haya una garantía de que las personas que trabajan en ciertas profesiones van a tener un mínimo de cualificación y conocimientos.
Decir que «»dificultan la innovación, la mejora de la calidad y de la competitividad de los servicios, perjudicando a los consumidores y usuarios.»»» es totalmente mentira. Lo que se generaría en realidad sería precisamente lo contrario a eso.
Quizá podríais comparar estas profesiones con otras donde no hay regulación, y veréis cómo eliminar los colegios profesionales y eliminar la regulación para ciertos trabajos traería mucho más mal que bien para la sociedad.
Desde mi punto de vista, la CNMC no plantea la eliminación de los colegios profesionales y la desregulación absoluta de los sectores. Lo que plantea es quitar barreras injustificadas a la competencia que imponen ciertos colegios y que no tienen una justificación desde el punto de vista de la mejora de la calidad del servicio o protección al consumidor, sino proteger a su propio colectivo -que ya está colegiado-.
Efectivamente los Colegios Profesionales no defienden a ningún cliente y nunca lo han hecho. Son entidades más propias del siglo XIX. Solo defienden la esfera colegial y a los satélites que orbitan a su alrededor. El visado es un instrumento de recaudación, no da garantía al cliente ni al profesional, y su precio es escandaloso. Ningún empleado de un Colegio ha entrado allí por convocatoria abierta a pesar de ser entidades de derecho público. Han generado sus propias entidades de seguro (abogados, arquitectos, aparejadores,…), tanto de responsabilidad civil como mutuas, seguros médicos y planes de pensiones, ofrececiendo sus servicios en condiciones escasamente ventajosas. Da igual quien los gobierne porque el que lo haga tiene que entrar en este sistema que solo sirve al interés profesional particular de sus dirigentes. Urge una reforma para revertir en lo que se han convertido y adaptarse a la legislación actual.
La CNMC tiene toda la razón. Los colegios son un medio público para el beneficio privado de unos pocos. Su mera presencia en el artículo 36 de la Constitución es producto de los acuerdo alcanzados por el Sr. Pedros, Diputado y al mismo tiempo representante de los Colegios de Abogados, a cambio de apoyos logro incluir a los Colegios Profesionales en la Constitución, algo que ni ha existido ni existe en ninguna otra.
Hasta los profesionales más europeístas nos volvemos antieuropeos frente a esta tozudez en confundir valor y precio. No todo es mercado ¿tan difícil es de entender? Los profesionales y los colegios profesionales han sido fundamentales en la construcción del estado de bienestar europeo. Necesitan más peso y mas voz para hacer frente a los retos futuros de la UE, no menos.
Se referirá al estado del bienestar de los dirigentes de los colegios, porque la realidad contradice lo que sostiene. Precisamente son los países nórdicos que no tienen ningún tipo de Colegio Profesional, Ordre, Royal Institute o organismo análogo los que disfrutan de más bienestar. La organización profesional en cada país es completamente diferente y es precisamente lo que trata de solucionar la directiva europea. En ningún país de Europa se requiere visado por ejemplo y curiosamente es en España donde los precios de servicios profesionales están más a la baja y donde más peso tienen los colegios profesionales. Algo falla con nuestro sistema.
¡ Ay, los países nórdicos !, no pueden faltar en cualquier debate entre españoles de verdad, al final se termina sacando a los países nórdicos y ya resulta difícil argumentar en contra. ¿ Porque quién no quiere parecerse a ellos ? Su riqueza y prosperidad, la ausencia de corrupción, la igualdad y cohesión social, la calidad y alcance de sus servicios públicos, la educación, la sanidad, el apoyo a la conciliación familiar, al acceso a la vivienda y a la emancipación de los jóvenes, el control estatal de la economía, los impuestos, su cultura, honestidad, seriedad, su acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos en materia laboral, sus sueldos, el vigor de la sociedad civil y la calidad de sus debates, su amor por la naturaleza, en fin, para que seguir. Decimos que queremos ser europeos, pero en realidad lo que queremos es ser nórdicos. De hecho, el modelo profesional nórdico es minoritario frente al modelo continental europeo, donde la colegiación si que resulta obligatoria. En los paises nórdicos la colegiación resulta voluntaria, aunque la mayoría de los profesionales están adscritos o colegiados dado las ventajas que ello les ofrece, por lo que es falso decir que no existen allí organizaciones profesionales.
Quizás con un Estado y una sociedad como las de los países nórdicos podríamos prescindir de los colegios profesionales, ya que el primero nos proveería de los servicios que prestan estos últimos. De momento en España, nada le cuesta a los contribuyentes su existencia ya que se financian con las cuotas colegiales. Quizá por eso son independientes y llevan la voz de los profesionales allí donde muchas veces resulta incómoda. Entre esas voces, casi gritos, la de fijar honorarios que sirvan de referencia a profesionales y consumidores, propuesta que precisamente las autoridades de competencia prohíben con ahínco.
Por último, los colegios profesionales españoles imitan el modelo nórdico de acceso a la función pública: sin oposiciones ni puestos de trabajo para toda la vida. Es cierto.
Los colegios profesionales españoles no imitan al modelo nórdico de acceso a la función pública sino más bien al modelo malayo. Solo tiene que ver como la mayoría de colegios profesionales el personal se contrata a dedo y la mayoría lleva toda la vida allí, entraron sin mérito alguno, y el nepotismo y amiguismo es demasiado habitual,… Y es rotundamente falso que el acceso a la función pública en los países nórdicos se haga sin oposiciones, son diferentes y la transparencia es absoluta, casi todas basadas en perfiles muy concretos y por méritos. Se tienen en cuenta habilidades que aquí no se valoran, como el trabajo en equipo, comunicativas y el tiempo en empresa privada cuenta lo mismo que en empresa pública siempre. Y existen organizaciones profesionales en los países nórdicos, y son siempre voluntarias como existe libertad de asociación allí y aquí ¡hasta ahí podíamos llegar!, pero no se parecen en nada a nuestros colegios profesionales por lo que la comparación no procede. Y claro que no le cuesta a los contribuyentes, les cuesta a los colegiados, con unas diferencias enormes entre profesiones y entre territorios.
Siento discrepar, pero son un lastre. No permiten la competencia, y con ello la innovación, la mejora de calidad y precio. Los que se aprovechan de la ventaja competitiva del colegio (personas cercanas a la directiva) introducen fallos en el mercado aprovechándose del resto de colegiados.
Los colegios profesionales son un anacronismo histórico desde antes de la época de Franco sin actual validez o eficacia y que solo sirven como refugio al enchufado de turno, y favorecer a 4 colegiados amigos en detrimento del resto de colegiados. Otra más de las lacras sociales de un pais anclado en el pasado.
Totalmente de acuerdo. Te lo dice quién ha sido parte de la directiva de uno (y conocido bastantes) y salió espantado de todo lo que vio.
Una cosa es la teoría y otra la realidad. La teoría queda claramente definida por la CNMC. La realidad es que lo que llamamos libre competencia hace que surjan sin control el intrusismo de todos aquellos profesionales que por desconocimiento, picaresca o simplemente por necesidad de tener que trabajar, realicen funciones profesionales para los que no están preparados, aunque puedan estar habilitados por titulaciones generalistas. Es aquí entonces donde los clientes quedan totalmente desprotegidos y ejemplos de ello los hay a diario y si no solo baste con recoger los casos denunciados al respecto de mala praxis, aun sin negligencia, aunque la gran mayoría no lleguen a denunciarse. El colegio profesional puede ejercer una función de protección al cliente muy importante, siempre y cuando se le permita controlar la calidad de los trabajos profesionales a través de pautas consensuadas con la administraciones. Y es aquí donde el visado de calidad puede encontrar el sitio que permita dar garantías de que quien realiza dicho trabajo, no solo está habilitado para ello, sino que cumple con los requisitos necesarios y ademas se garantiza que dicho trabajo profesional cumple unos condicionantes mínimos de calidad. No nos engañemos. No se trata de acotar la profesión, se trata de dar calidad y valor añadido a los clientes a partir de servicios de calidad. Mal vamos si confundimos libre competencia con competencia profesional. No es lo mismo libertad que libertinaje.
Llevo 25 años como arquitecto colegiado y jamás he conocido ninguna acción de mi colegio en lucha contra el intrusismo. El caso de la conocida política con su supuesto intrusismo se juzga por denuncia de un particular y el COAM ni tan siquiera se presenta como acusación particular ni interesado. En cuánto al visado le recuerdo que la legislación no permite entrar en cuestiones técnicas, y ¿es lógico obligar a pasar un control de calidad en favor de un determinado operador? ¿y al precio que diga el Colegio de turno? ¿quién dicta esos requerimientos mínimos? ¿sería legal? Los Colegios Profesionales jamás han hecho ninguna acción en favor del cliente y llevan ya cerca de un siglo de existencia. En cuánto a libertad y libertinaje, discúlpeme, es muy básico.