Europa acaba de activar el nuevo Reglamento Gigabit, una norma pensada para agilizar los permisos, digitalizar la información y ampliar el acceso a infraestructuras públicas y privadas. En España, la CNMC seguirá desempeñando un papel clave para que estas reglas se cumplan.

El nuevo Reglamento (UE) 2024/1309 —más conocido como Reglamento Gigabit— es de aplicación directa en nuestro país y ya está en vigor desde el 12 de noviembre (con alguna excepción). La nueva norma, que sustituye a la Directiva de 2014, la UE quiere dar un impulso decisivo a los objetivos de la Década Digital 2030: que todos los hogares tengan conexión gigabit y que todas las zonas pobladas cuenten con cobertura equivalente al 5G.
¿Y qué papel tiene la CNMC?
Como hasta ahora, seguiremos siendo la autoridad encargada de velar por que se cumplan las normas sobre acceso a infraestructuras, coordinación de obras civiles y transparencia, resolviendo controversias entre operadores y otros agentes implicados.
¿Qué cambia?
El Reglamento Gigabit trae un marco más ágil y orientado a facilitar despliegues rápidos y eficientes. Te contamos algunas novedades en 6 puntos destacados:
1. Acceso ampliado a infraestructuras
- Se amplía el acceso a infraestructuras físicas, incluyendo edificios, mobiliario urbano y otros activos gestionados por administraciones públicas.
- En línea con la normativa ya aplicable en España, las administraciones públicas pasan a estar obligadas a facilitar el acceso a sus instalaciones.
- Se incorporan nuevos sujetos obligados, como los propietarios de torres de telecomunicaciones (que también tendrán derechos de acceso) o empresas dedicadas al arrendamiento de suelo.
- Se reduce a un mes el plazo máximo para responder a solicitudes de acceso, y las denegaciones deberán motivarse adecuadamente.
2. Acuerdos entre los arrendadores de suelo y los operadores de comunicaciones electrónicas
- Deberán ser negociados de buena fe (incluyendo el precio) y serán comunicados a la CNMC.
3. Transparencia y digitalización: creación del Punto de Información Único (PIU)
- Se refuerza el Punto de Información Único (PIU) digital, que centralizará los datos sobre infraestructuras y obras civiles.
- Los operadores, las utilities y las administraciones deberán aportar información georreferenciada al PIU.
- Se reducen los plazos de respuesta a 10 días hábiles y se prevén sanciones por incumplimiento.
- Todo el proceso será electrónico, permitiendo presentar y consultar solicitudes a través del PIU.
4. Coordinación de obras civiles
- Se refuerzan las obligaciones de coordinación de obras entre operadores y administraciones, en proyectos financiados con fondos públicos.
- Las solicitudes deberán atenderse siempre que no generen costes adicionales irrecuperables ni comprometan la seguridad.
- Los sujetos obligados deberán publicar en el PIU la información sobre las obras previstas en los próximos seis meses.
- El Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC) ha aprobado directrices para facilitar la resolución de controversias y el reparto de costes (Guidelines coordination civil works art 5.6 GIA).
5. Agilización de permisos
- Los permisos deberán resolverse en un plazo máximo de cuatro meses.
- Si no hay respuesta, el Reglamento establece la aprobación tácita (silencio positivo), salvo para los derechos de paso. En todo caso, el silencio positivo no aplicará en casos en que se confiera al operador afectado el derecho a reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados, o pueda presentarse un recurso ante un órgano jurisdiccional o una autoridad de supervisión.
6. Edificios preparados para fibra
- Las nuevas construcciones y reformas importantes deberán incluir infraestructura física y cableado de fibra óptica.
- España ya contaba con esta previsión desde 1998, mediante el Real Decreto-ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios.
Con este Reglamento y su aplicación efectiva a partir de este momento, la Unión Europea da un paso decisivo para acelerar el despliegue de redes gigabit y 5G, reducir los costes administrativos y mejorar la eficiencia en el uso de infraestructuras.
La CNMC seguirá desempeñando un papel fundamental para garantizar un entorno competitivo, transparente y coordinado, que facilite el acceso equitativo a las infraestructuras y promueva la conectividad del futuro.
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