¿Qué motiva a un whistleblower?

El regulador de los mercados de valores de EEUU, la SEC, puso en marcha hace cinco años un programa para incentivar a los whistleblowers, aquellos que denuncian malas prácticas en sus empresas. La denuncia del trabajador, si llega a buen a puerto, tiene recompensa económica para el whistleblower: entre un 10% y un 30% del valor de la multa que la SEC imponga a la empresa.

Foto en flickr. Cortesía de Greg Goebel.

Desde entonces en la SEC han recibido más de 14.000 «soplos». En el último año, les llegan a los agentes de la SEC más de una docena de denuncias diarias.

Más de 96 millones de dólares en recompensas

Según los datos que recoge el diario Financial Times, en estos cinco años la SEC ha pagado casi 96 millones de euros (107 millones de dólares) a 33 individuos que han ayudado a investigar casos. Esta recompensa económica al denunciante no sale de la multa que paga la empresa, sino de un presupuesto aprobado por el Congreso.

Pero más allá de las cifras, este verano se ha hablado más que nunca del programa de whistleblowers de la SEC: por una investigación en el Deutsche Bank y por otra en Monsanto.

En el primer caso, Eric Ben-Artzi, ex empleado del Deutsche Bank, saltó a los medios porque renunció a los casi 15 millones de euros que le correspondían por denunciar las malas prácticas contables del banco con sus productos financieros.

El propio Ben-Artzi se encargó de explicar sus motivos en un artículo del Financial Times. A pesar de que su denuncia sirvió para sancionar con 49 millones de euros a Deutsche Bank, la SEC no actuó contra los directivos del banco. «Las principales víctimas han sido los accionistas del banco y los empleados que ahora están perdiendo su empleo. (…) Es decepcionante que la SEC impusiera una multa a los accionistas del Deutsche Bank en vez de a los responsables«, escribe Ben-Artzi.

Antes de acudir a la SEC, Ben-Artzi había hablado con los responsables internos de compliance del Deutsche Bank. Desde el banco exigieron a Ben-Artzi que no salieran a la luz sus prácticas contables. “Yo no estaba de acuerdo y me despidieron. Se arruinó mi carrera en Wall Street”. Ahora trabaja en una startup israelí.

Por su parte, el whistleblower que denunció malas prácticas contables en la empresa Monsanto sí que ha preferido mantener su anonimato. En un artículo de The New York Times titulado “22 millones de dólares más rico, pero no satisfecho”, el trabajador de Monsanto coincide en su frustración porque los responsables de la empresa no fueran sancionados.

“Multaron a la empresa y algo de dinero cambió de manos, pero esa no es la respuesta. A los gestores [de Monsanto] no se les hizo responsables y eso todavía me preocupa. Me metí en todo esto para que eso se arreglara. Y no se ha arreglado”, le cuenta al diario.

La SEC sancionó con más de 70 millones de euros a Monsanto, pero no actuó contra Deloitte, la empresa auditora de sus cuentas, ni contra los responsables financieros de la compañía.

Dar el paso de denunciar las malas prácticas en una empresa no es sencillo para el whistleblower. A pesar de las medidas de confidencialidad, muchas veces se acaba identificando al denunciante, que acaba teniendo problemas en su empresa o incluso para encontrar otro trabajo en su sector.

El whistleblower de Monsanto dejó su empleo en el curso de la investigación y ahora ocupa un cargo similar en otra empresa.

¿Y en la CNMC?

En la CNMC también queremos reflexionar sobre el papel de los denunciantes de las malas prácticas, no sólo en el ámbito empresarial, sino también, y de modo cada vez más importante, en el de la propia Administración, cuyos entes y organismos se van dotando de códigos de conducta de obligado cumplimiento por parte de sus empleados públicos (para dar ejemplo, aquí el de la propia CNMC). En dichos códigos de conducta suele incluirse algún mecanismo de denuncia ante abusos e incumplimientos, de modo que facilite su persecución. Otro elemento contemplado por estos códigos suele ser la protección de la persona que denuncia, pues no hay que tener demasiada imaginación para comprender que siempre asume un cierto riesgo. En esta Autoridad Independiente entendemos que es nuestro deber desterrar esos temores, blindando la identidad del denunciante.

Este ha sido el tema principal de la primera edición de los Diálogos de Compliance  que la CNMC organiza en estrecha colaboración con la Asociación Española de Compliance (ASCOM). Su intención es divulgar las mejores prácticas en buen gobierno y cumplimiento, en forma de coloquios participativos, por donde irán pasando diferentes expertos, con la intención de que las buenas prácticas del sector privado, cada vez más concienciado, así como otras soluciones imaginativas o innovadoras sirvan de inspiración a los poderes públicos.

El primero de estos Diálogos, dedicado como decimos al whistleblowing y los canales de denuncia, se celebró el 26 de Octubre de 2016, en la sede de la CNMC de la calle Barquillo, en Madrid. Contó con breves presentaciones del Presidente de la CNMC y de la Presidenta de ASCOM, y fue moderada por el Director del Departamento de Control Interno de la CNMC, Carlos Balmisa.

Los ponentes de esta primera sesión procedían de diferentes ámbitos y mostraron sus diferentes sensibilidades ante la cuestión, facilitando un animado debate. Dª Mónica López-Monís Gallego, Directora de Cumplimiento Normativo del Banco Santander, habló de su propia  experiencia en la gestión de estos canales de denuncia, y expuso que en su Grupo multinacional conviven diferentes tratamientos legales de los mismos, permitiéndose en algunos casos la denuncia anónima, aunque no sea éste el caso de España.

D. Manuel Conthe, Árbitro independiente y ex Presidente de la CNMV, puso de manifiesto por su parte que ante una denuncia, por anónima o escasamente documentada que sea, nadie debería permanecer insensible, y que la Administración debe de oficio actuar. Y que este carácter de anonimato no repugna a democracias mucho más antiguas que la nuestra, como es el caso de los Estados Unidos. Quizá sea hora, advirtió, de desprenderse de prejuicios fraguados en los juicios secretos del Santo Oficio, siglos atrás.

En postura que se diría opuesta, D. Agustín Puente, Jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, recordó el carácter garantista de la protección de datos personales en España, y abogó por el denunciante identificado, al que desde luego debe concedérsele la máxima protección en forma de una eficaz confidencialidad, que incluya un cuidadoso tratamiento de su datos personales en relación con las medidas de seguridad adoptadas.

Carlos Balmisa, por parte de la CNMC, aportó al debate la propia experiencia de su buzón confidencial, aunque no anónimo por las mencionadas restricciones legales, junto a su idea personal de la conveniencia de un organismo transversal e independiente, con poder sobre toda la Administración del Estado y capacidad sancionadora, que tratase de forma unificada y confidencial las denuncias de los trabajadores públicos, brindándoles su protección.

Tema por tanto muy sensible para cualquier política de Cumplimiento, que no parece agotado y que quizá vuelva a ser tratado en futuros Diálogos.

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