• Jornada Anual de Competencia: Avanzando en la transposición de las Directivas ECN+ y Whistleblowers

     • noviembre 26, 2019 • CNMC, Competencia • 0 Comentarios

    La CNMC celebró el pasado 19 de noviembre la Jornada Anual de Competencia, bajo el título “Avanzando en la transposición de las Directivas ECN+ y Whistleblowers”.

    Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

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    En dos mesas redondas, varios expertos internacionales debatieron sobre aspectos de la Directiva ECN+; sobre las novedades en la interrelación del procedimiento sancionador de competencia y el derecho penal; así como sobre la Directiva de Whistleblowers.

    El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, inauguró la Jornada con el balance del último año. Destacó, entre otros logros de la CNMC, que ocho de las inspecciones llevadas a cabo entre 2018 y 2019 fueron impulsadas por la recientemente creada Unidad de Inteligencia Económica de la CNMC.

    Asistentes a la Jornada Anual de Competencia

    José María Marín Quemada, presidente de la CNMC

    En la primera mesa redonda, moderada por la consejera de la CNMC Clotilde de la Higuera, intervinieron: José Amérigo, secretario general técnico del Ministerio de Justicia; Cani Fernández, socia de Cuatrecasas; y Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción.

    José Amérigo puso sobre la mesa la interrelación del procedimiento sancionador de competencia y el derecho penal. Se preguntó qué papel debía tener el derecho penal en la persecución de actividades colusorias, y hasta qué punto podía extenderse a los programas de clemencia (*). Aseguró que, desde los Ministerios de Economía y Empresa y de Justicia, se está analizando si el artículo 23.3 de la Directiva ECN+ (**) debería traducirse en una reforma del Código Penal.

    Cani Fernández defendió dicha reforma, con el objetivo de proteger a los solicitantes de clemencia. Según la socia de Cuatrecasas, el atenuante no es suficiente incentivo para el informante (en el Blog de la CNMC a menudo nos hemos referido a él como whistleblower): “Si no ofrecemos un mínimo de garantías, la lucha contra las actividades colusorias se va a resentir”.

    Alejandro Luzón, por su parte, pidió la estrecha colaboración entre el derecho penal y el administrativo, para evitar así un coste procesal y un esfuerzo de investigación innecesarios. “Le veo poco recorrido e interés práctico a la idea de perseguir por vía penal lo que se persigue por vía administrativa”, opinó el fiscal jefe de Anticorrupción.

    Primera mesa redonda: Clotilde de la Higuera, Alejandro Luzón, Cani Fernández y José Amérigo

    La segunda mesa redonda, moderada por la directora de Competencia de la CNMC Beatriz de Guindos, contó con la participación de: Cecilio Madero, director general de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea; Pam Bartlett, asesora y coordinadora de Transparencia y Democracia del Grupo de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo; y Devon Mahoney, CEO y Fundador de New Market International Consulting, y ex agente del FBI asignado a la Unidad Internacional de Corrupción.

    Pam Bartlett describió el alcance que tiene la Directiva ECN+ en cuanto a la protección de los informantes, y reconoció que la normativa deja desamparadas a aquellas entidades y personas que les asesoran (como las ONGs).

    Cecilio Madero contó cómo protegían a los informantes desde la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Les ofrecen herramientas para que puedan informar de forma anónima sobre cualquier actividad anti-competitiva. En ese momento, Beatriz de Guindos puntualizó que, a finales de este año, la CNMC tendrá un sistema anónimo parecido al de la CE para recibir denuncias de prácticas colusorias. Cecilio Madero también quiso recordar que, en España, al igual que en EE.UU., los informantes no reciben ninguna compensación económica a la hora de denunciar. Si lo hicieran, cree que “perderían sus motivaciones éticas”.

    Asimismo, Devon Mahoney explicó cómo convencían desde el FBI a los informantes para que denunciaran sin recibir ninguna recompensa: “Identificábamos quién tenía acceso a la información que queríamos; estudiábamos su situación personal y analizábamos qué motivaciones tenía. De esta forma, nos ganábamos su confianza”. Devon Mahoney recordó que el negocio del FBI es recabar información y que, para ello, se necesita una red de contactos. Su objetivo, por lo tanto, era conseguir fuentes en las diferentes industrias que había que investigar. Beatriz De Guindos confirmó que esa era la meta de la CNMC: “La Unidad de Inteligencia Económica de la CNMC aspira a eso, a hacer una red de contactos que nos lleve a futuros informantes”.

    Segunda mesa redonda: Beatriz de Guindos, Cecilio Madero, Devon Mahoney y Pam Bartlett (Skype)

    Sustituyendo a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, clausuró el acto Ana de la Cueva Fernández, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Aseguró que, desde el Ministerio, están intentando impulsar las Directivas ECN+ y de Whistleblowers: han elaborado un primer borrador para la transposición de la Directiva ECN+, que ha sido abierto a un proceso de audiencia e información pública; y quieren garantizar, gracias a la Directiva de los Whistleblowers, altos estándares de protección a los informantes. De esta forma, conseguirán “un aumento de denuncias” a largo plazo y una mayor lucha contra las prácticas anti-competitivas.

     

    (*) El programa de clemencia permite a las empresas que forman parte de un cártel poner en conocimiento de la Autoridad de Competencia su existencia y conseguir a cambio la exención o reducción del pago de la multa que pudiera corresponderle. En el blog te lo hemos contado en numerosas ocasiones: https://blog.cnmc.es/2014/06/11/competencia-el-programa-de-clemencia/

    (**) Art. 23.3 de la Directiva ECN+: “Interacción entre las solicitudes de exención del pago de multas y las sanciones impuestas a las personas físicas. 3. Para asegurar la conformidad con los principios básicos vigentes en su ordenamiento jurídico, no obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros pueden contemplar que las autoridades competentes tengan facultades para no imponer ninguna sanción en el procedimiento judicial penal o solamente para atenuarla, en la medida en que la contribución de las personas, contemplada en el apartado 2, a la detección e investigación del cártel secreto sea mayor que el interés por el enjuiciamiento o la sanción a estas personas.”

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