El entorno competitivo incentiva a las empresas para mejorar la calidad de sus productos y servicios y para ajustar sus precios. La competencia se convierte en un estímulo clave para la innovación, el progreso tecnológico y la búsqueda de medios más eficientes de producción.
La responsabilidad social de las empresas (RSE) puede convertirse incluso en una herramienta más para que las empresas compitan en la búsqueda de clientes.
El beneficiario último de las políticas de defensa de la competencia es el consumidor. La eficiencia productiva que se logra en un contexto de competencia efectiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad.
Intervención de las autoridades de defensa de la competencia
A pesar de los beneficios derivados para el conjunto de la sociedad del funcionamiento competitivo de los mercados, en determinadas ocasiones, los intereses particulares de algunos agentes económicos pueden no coincidir con los principios inspiradores de la libre competencia y los incentivos para llevar a cabo prácticas restrictivas de la misma pueden ser importantes.
Es en estas ocasiones cuando la intervención de las autoridades de defensa de la competencia se hace necesaria para garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados y que sus beneficios alcancen al conjunto de la sociedad.
También intervienen las autoridades de defensa de la competencia cuando una operación de concentración empresarial puede suponer una alteración de la estructura de los mercados contraria al mantenimiento de una competencia efectiva.
El incumplimiento de las normas de competencia puede tener también como perjudicado a las Administraciones Públicas, sobre todo en los casos de pujas fraudulentas o bid rigging.
Responsabilidad social de las empresas
En la medida en que las políticas de defensa de la competencia tienen como beneficiario último a los consumidores, el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Defensa de la Competencia debería integrarse con las acciones de responsabilidad social de las empresas.
En este sentido, el juego limpio en el mercado debería ser un prerrequisito de la responsabilidad social de las empresas. La responsabilidad social corporativa empieza también por la aplicación correcta de las normas de competencia, dado que éstas garantizan y maximizan el bienestar de los consumidores y usuarios.
Cuando las empresas toman conciencia de la importancia de su responsabilidad social como elemento que les ayuda a mejorar su reputación y el nivel de estima y reconocimiento por parte de sus grupos de interés, deben excluir de sus prácticas aquellas conductas anticompetitivas que perjudican a los consumidores.
Las empresas no pueden caer en la contradicción de dedicar recursos importantes para su política de responsabilidad social cuando esos recursos han sido detraídos ilegalmente de los consumidores, bien abusando de su posición de dominio en el mercado, bien llegando a acuerdos anticompetitivos con otros competidores.
Entendida como prerrequisito de una empresa socialmente responsable, los valores de la defensa de la competencia deberían internalizarse y pasar a formar parte de la cultura corporativa de la empresa.
¿Qué pueden hacer las empresas socialmente responsables?
Las empresas socialmente responsables deberían comprometerse a:
- Cumplir con la normativa de competencia, excluyendo de sus prácticas:
- los acuerdos anticompetitivos prohibidos por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia;
- el abuso de posición de dominio, prohibido por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia;
- el falseamiento de la libre competencia por actos desleales, prohibido por el artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia.
- Colaborar lealmente con las autoridades de defensa de la competencia en las investigaciones y procedimientos en los que las empresas puedan estar relacionados.
- Divulgar entre sus empleados la cultura de la competencia, realizando actividades de sensibilización y difusión de los beneficios de la competencia.
- Realizar de forma periódica auditorías de cumplimiento de la normativa de competencia, analizando los posibles riesgos de incumplimiento en las distintas áreas operativas de las empresas (por ejemplo, los llamados programas de cumplimiento –compliance programmes- que ofrecen a las empresas asesoramiento y evaluación para garantizar la observancia de la normativa de competencia).
- En caso de que las autoridades de competencia hayan declarado la comisión de una conducta anticompetitiva, intentar reparar los daños y tomar todas las medidas para que dicha conducta no vuelva a tener lugar.
Hoy en día hay que saber identificar a las empresas que realizan RSC y diferenciarlas de las que no. La transparencia es uno de los mecanismo por los que hacerlo. Gracias por compartir información sobre el tema, es interesante. Saludos!