En marzo de 2016 la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) puso en marcha el Registro de Grupos de Interés. Precisamente el pasado martes 12 de marzo en la CNMC se habló de la urgente regulación de los lobbies. ¿Es necesaria?

Fuente: CNMC.

¿Qué es el Registro de Grupos de Interés? Te refrescamos el concepto.

Hace tres años la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) puso en marcha el Registro de Grupos de Interés. Este proyecto nació a través de una resolución del Presidente, tiene un carácter voluntario y es gratuito. Simplemente hay que cumplir este decálogo de buenas prácticas en la relación con el sector público y más específicamente con la CNMC.
El objetivo de este Registro es crear un mecanismo institucional que permita alejar la capacidad de cualquier grupo de influir a la CNMC de forma improcedente o, simplemente, contraria a los intereses generales. Tal actuación se completa con la publicidad de todos los encuentros. Es decir, una vez atendidas las limitaciones de la Ley de Protección de Datos y otras restricciones legales, mostramos a cualquier ciudadano en nuestra página web qué reuniones han mantenido el presidente, los consejeros y los directores.
[En este Blog que escribimos coincidiendo con el primer aniversario de el RGI tienes más información]

Lobbies y medios de comunicación.

Nuestro registro es el primero y único de la Administración General del Estado. Pero en tres años los registros se han multiplicado en autonomías y ayuntamientos. Por esta razón, quisimos dedicar la 16ª edición del espacio compliance a esta cuestión.
La ponencia inaugural sobre el Lobby en los medios de comunicación estuvo a cargo del catedrático Antonio Castillo. ¿Cómo se influencia sobre las futuras decisiones políticas? ¿Cómo se crea la necesidad de hablar de un tema? ¿Qué papel tienen los medios de comunicación? ¿Debería controlarse el accionariado de un medio de comunicación? ¿Y publicarse quién está detrás de ellos? ¿A quién debemos creer?
Lo que está claro es que los nuevos lobbies se van a adaptando a los nuevos valores de la sociedad. Uno de los ejemplos que explicó fue la campaña que llevó a cabo Philip Morris en los años 90 para combatir la legislación que se estaba empezando a imponer en Europa contra la industria tabaquera.
Los anuncios en los periódicos incluían mensajes denunciando una regulación innecesaria y desproporcionada como: «El Teorema de Pitágoras contiene 24 palabras. El principio de Arquímedes, 67. Los 10 mandamientos, 167. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 300. Y la legislación en Europa para regular dónde y cuándo se puede fumar, 24.942«. O aquel que decía: «Si quiere fumar, ¿a quién debería preguntar, a alguien que está en la misma habitación, o a alguien que no está (en referencia al legislador)?»
¿Se habla más o menos de los lobbies en los medios de comunicación? Lo que aprecia el catedrático Antonio Castillo es que entre 2014 y 2017 la presencia de lobbies en los medios de comunicación ha disminuido. Además, el 62 por ciento de los grupos de interés son asociaciones empresariales, instituciones públicas y empresas.
¿Qué uso hacemos de ellos? Hace apenas unos días circuló esta noticia en la que tres agencias de relaciones públicas pujan para resucitar la reputación de la banca.
La mesa redonda debatió sobre las malas prácticas y se preguntó: «¿Debemos expulsar al mal lobista?«. Moderó el coloquio el periodista Jesús Soria, presentador del programa SER Consumidor, y participaron Manuel de la Fuente, director de Asuntos Públicos de Kreab; Rafael Miralles, de ADICAE; Enrique García, responsable de relaciones institucionales de OCU; María Rosa Rotondo, presidenta de APRI; Carmen Muñoz, directora senior de asuntos públicos de Llorente&Cuenca; Eva Belmonte, directora de la Fundación CIVIO y Victoria Anderica, Directora del Proyecto de Transparencia en el Ayuntamiento de Madrid.
La respuesta quedó clara: sí. La cuestión pendiente es ¿cómo?. No es fácil. Pues seguimos sin un marco legislativo a pesar de los sucesivos intentos y de la reclamación del Consejo de Europa a través del Grupo de Estados contra la Corrupción.

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