Todos somos consumidores y, como tales, las leyes nos reconocen una serie de derechos, como el derecho a reclamar si un producto es defectuoso, el derecho a que la información que recibamos sobre un producto no sea engañosa…
Pero cuando hablamos de los derechos de los consumidores con frecuencia pasamos por alto o damos por sabido un derecho esencial: el derecho a elegir.
Vivimos en una sociedad en la que no todos tenemos por qué llevar la misma camisa, ni conducir el mismo coche, ni escuchar la misma música y podemos elegir de acuerdo con nuestras preferencias.
Esta posibilidad de elegir es algo que hoy en día nos parece normal y con lo que estamos más que familiarizados.
Pero, en realidad, el derecho a elegir es una conquista relativamente reciente de la libertad individual y es también uno de los atributos de la economía de mercado.
Las empresas, obligadas a competir
Este derecho a elegir no se explicaría de no ser por el principio de libre competencia. La libre competencia implica que las empresas tienen, en primer lugar, derecho a competir entre ellas, y no sólo esto, sino que, además, tienen la obligación de competir, por incómoda que ésta sea.
El derecho a competir significa que las empresas puedan ofrecer sus bienes y servicios en situación de igualdad con las demás sin que ninguna de ellas resulte privilegiada de modo particular.
Cuando hablamos de competencia en realidad queremos decir que entre las empresas se produce una situación de lucha, una especie de batalla por la supervivencia.
Es beneficioso que las empresas luchen entre sí, ya que constantemente, tratarán de mejorar su oferta en beneficio del consumidor.
Para las empresas, la constante competencia implica una enorme dosis de tensión. La competencia las obliga a estar en alerta constante para ofrecer algo mejor que el competidor, o algo nuevo o algo diferente a la oferta existente en el mercado.
Por eso, la libre competencia no es una situación del todo confortable para las empresas. Estas pueden caer en la tentación de poner fin a la lucha, y asociarse o, simplemente, aliarse temporalmente entre sí, dando lugar a acuerdos restrictivos de la competencia.
Cuando las empresas de un sector renuncian a la competencia se ponen en peligro los intereses de los consumidores. La experiencia demuestra que, cuando las empresas pactan unos precios, estos son superiores a los que habrían de resultar del libre juego de la oferta y la demanda, y este tipo de prácticas perjudican gravemente los intereses de los consumidores ya que, al imponer un precio superior al de mercado, se ve disminuido su poder adquisitivo.
Precios más bajos y otros beneficios
Los acuerdos restrictivos de la competencia no sólo tienen por objeto la fijación de precios. Pueden afectar a otras variables como la calidad de los productos o la oferta disponible de los mismos. De hecho, la libre competencia no sólo se traduce en unos precios más bajos. También crea el marco adecuado para que la lucha entre las empresas se materialice en otras ventajas para el consumidor como:
- por ejemplo, en una garantía más amplia de la que prescribe la ley
- en un servicio postventa gratuito
- en mejoras técnicas
- en un diseño más innovador
En definitiva, cuando la economía funciona en régimen de libre competencia, disfrutamos de una mayor variedad de productos a mejores precios y de mayor calidad. Las empresas se siente permanentemente amenazadas por sus competidores y esto las obliga a innovar buscando constantemente la mejor manera de satisfacer las necesidades de los consumidores.
En un post anterior os contamos «¿Qué es la competencia?«
«El derecho a competir significa que las empresas puedan ofrecer sus bienes y servicios en situación de igualdad con las demás sin que ninguna de ellas resulte privilegiada de modo particular.»
Lo cual choca con el derecho a la propiedad intelectual y las patentes…, que para nada permite la igualdad sin beneficio particular.
La propiedad intelectual, las patentes, son manifestaciónes de la libertad y de la creatividad individual y por lo tanto merecen el mismo tratmiento y protección que cualquier otra modalidad de propiedad. Si las empresas no pudieran beneficiarse de los resultados de su investigación y desarrollo y la tuvieran que compartir en amigable comuna con sus competidores, ¿cual seria la ventaja de invertir en I+D? La propiedad intelectual e industrial son causa y a la vez efecto fundamentales de la libre competencia
No hay libre competencia en cuanto hay secuestro de avances tecnológicos para el beneficio de un actor. Sí, es fácil decir que esto provoca I+D en otro actor, pero también ayuda a quitarse a ese actor de encima porque no puede competir en igualdad de condiciones. La competitividad también puede existir como valor añadido (calidad, servicio, etc) a un avance tecnológico, que, a su vez, puede dar origen a nuevos desarrollos. Pero el secuestro de hasta 20 años (como de hecho ha ocurrido con la impresión 3D) de una tecnología no hace otra cosa que frenar el desarrollo. Cuando se liberan patentes y propiedades intelectuales (habría que decir, mejor, industrial), es cuando realmente hay un boom competitivo y de desarrollo (ejemplo de la impresión 3D).
La ventaja de invertir en I+D es el desarrollo tecnológico y social. Lo demás…, tiene un nombre pero no quiero usarlo.
Por supuesto, esto sólo es mi opinión.
[…] anteriores entradas del blog ya os hemos explicado qué es la competencia y por qué nos beneficia a todos. Cuando la economía funciona en régimen de libre competencia, disfrutamos de una mayor variedad […]