El paquete normativo que prepara Bruselas sobre la futura regulación de los servicios digitales – (Digital Services Act Package)- implicará cambios tan importantes para la política de competencia que, como señalan los expertos, la situará ante una nueva encrucijada.
Encrucijada. Foto en Pixabay.
Hace unas semanas, el European University Institute organizó la videoconferencia “Digital Markets Act: EU Competition Policy at a Crossroad”. Durante la sesión, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández y destacados académicos analizaron ventajas, inconvenientes y retos de una de las propuestas legislativas de la Comisión Europea para los mercados digitales: la Digital Market Act (DMA).
Objetivos la futura legislación europea
Cani Fernández y Andreas Schwab, diputado del Parlamento Europeo, destacaron que el objetivo último de este paquete legislativo es lograr un marco estable y fiable para los mercados digitales.
De hecho, durante el debate se constató que el mayor esfuerzo deberá realizarse en lograr un equilibrio entre nuevas reglas, que cubran determinados comportamientos anticompetitivos en los mercados digitales, y el análisis caso por caso que permitirá abordar de forma más flexible las dificultades de cada mercado.
Además, los expertos explicaron que, a la hora de abordar los mercados digitales, la nueva legislación deberá considerar la política regulatoria y la de defensa de la competencia de forma complementaria.
Investigaciones de mercado
Por otra parte, se señaló que a la hora de analizar y corregir situaciones anticompetitivas en los mercados digitales, las investigaciones son el mejor instrumento, aunque se deberán tener en cuenta ciertas cautelas, como la dificultad de definir ciertos mercados. En todo caso, las investigaciones deberían articularse a partir de indicadores simples y con prudencia en la interpretación de sus resultados.
Posibles riesgos
Además, los ponentes alertaron de los riesgos a los que se enfrenta el proyecto normativo de la CE: apostar por una regulación más estricta que puede resultar excesiva, y desincentivar el proceso de innovación inherente a la digitalización, o, por el contrario, por una regulación más flexible, pero que comporte mayor incertidumbre legal entre las empresas y genere una insuficiente cobertura de las soluciones jurídicas que se establezcan.
Recientemente, la CNMC publicó su contribución a las consultas públicas de la Comisión Europea sobre la futura regulación de las plataformas digitales
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