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Ayer, miércoles 9 de octubre, en el marco del ya tradicional Espacio Compliance, se llevó a cabo en el Salón de Actos de la sede de la CNMC de Madrid –con retransmisión en directo en la sede de Barcelona- una jornada denominada To Kill a Mockingbird “Taking care of the Whistleblowers (1): A matter of Integrity», dedicada enteramente a la protección de denunciantes o alertadores de corrupción.

***Daniel Amoedo Barreiro, abogado y consultor 

La jornada, que tuvo su origen en la reciente aprobación de la Directiva Europea y en las diversas novedades que se están suscitando en la materia tanto a nivel nacional como europeo, contó con la intervención de algunas de las personalidades más relevantes dentro del ámbito, que nos ofrecieron su visión experta sobre diversos aspectos y temas de rigurosa actualidad en la materia.

La primera intervención corrió a cargo de Mar Uriarte, quien sufrió de primera mano las consecuencias de haber denunciado un delito blanqueo de capitales en su ámbito laboral, poniendo en riesgo su integridad personal y profesional. Nos habló de los riesgos que conlleva cumplir fielmente con las obligaciones legales, así como de la falta de apoyo que sufrió por parte de sus superiores e instituciones en el momento en que se decidió a denunciar. Su confesión nos conmovió y nos dejó perplejos al constatar la pasividad y la falta de consideración de los poderes públicos ante situaciones como la que padeció Mar, lo que nos hizo reflexionar sobre la necesidad de contar con una normativa que ampare a los personas denunciantes a nivel estatal.

Para la segunda intervención se convocó a Simona Levi, de la organización Xnet, quién expuso detalladamente la última iniciativa legislativa en materia de protección de denunciantes encabezada por el colectivo WIN (Whistleblower International Network) e identificó los diferentes aspectos que considera mejorables de la reciente Directiva Europea. También nos habló sobre las dificultades e impedimentos con los que se encuentran los alertadores a la hora de decidir poner en conocimiento ciertos hechos considerados irregulares o ilícitos a través de buzones anónimos.

En el intermedio, y antes de pasar a la Mesa final, la CNMC presentó y anunció la inminente puesta en funcionamiento, de sus Buzones de colaboración anonimizados para la lucha contra las prácticas anticompetitivas, irregularidades en la contratación pública y brechas o rupturas del propio código de conducta de la CNMC, de la mano de Andrés Aznar López, Subdirector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Carlos Balmisa García-Serrano, Director de Control Interno de la CNMC. Entre los aspectos más destacados de los buzones, se mencionó la posibilidad de realizar denuncias externas de código de conducta o la bidireccionalidad.

¿Qué supone la nueva Directiva?

Finalmente tuvo lugar la Mesa Redonda, en la que tuvimos el privilegio de contar con algunos de los representantes más relevantes dentro del ámbito público y privado, que nos ofrecieron su opinión experta sobre diversas cuestiones relacionadas con el tema. Participaron en la mesa Joan Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana; Rosa María Sánchez Sanchez, directora de Servicios de Análisis de Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona; Pedro Montoya, director de Cumplimiento y Riesgos de Ferrovial, y Lidón Safont Sánchez, Compliance Officer de Telefónica.

La Mesa se dividió en dos grandes bloques temáticos y en el primero de ellos se trató la situación legal actual en la materia, como es la problemática de adaptar nuestras instituciones y empresas a la Directiva, la necesidad de ir más allá de lo establecido por ésta, la ya tradicional polémica entre anonimato o confidencialidad, la confusión existente en torno a la ley aplicable, o la cuestión acerca de cómo lograr un tratamiento seguro y confidencial de la denuncia evitando filtraciones o fugas de información.

En el segundo bloque, se habló sobre diversos aspectos relacionados, concretamente la cuestión de cómo lograr la implantación de conductas éticas en las AAPP y en los agentes económicos, la posibilidad de implementar incentivos o recompensas para fomentar las denuncias, las posibles sanciones a quienes represalian u obstaculizan la formulación de denuncias, el tratamiento político de la cuestión y los retos y dificultades de las empresas para proteger al denunciante y perseguir al denunciado.

Entre las ideas más relevantes que surgieron a partir los diversos temas expuestos, Joan Llinares mencionó la problemática de que la Directiva europea ampare solo a denunciantes que tengan vinculación laboral con las personas o instituciones denunciadas, lo que excluye de su ámbito subjetivo a los ciudadanos perjudicados. Asimismo, alertó sobre la pasividad del Estado ante la preocupante situación que atraviesan los alertadores a nivel estatal y la imperiosa necesidad de implementar una estrategia nacional contra la corrupción. Por último, y en relación al segundo bloque, Joan consideró que las condiciones éticas crean las condiciones necesarias para el respeto a la ley, que es la conditio sine qua non del principio de legalidad, señalando a los conflictos de interés como la antesala de la corrupción.

Por su parte, Rosa María Sánchez, resaltó el papel fundamental que están cumpliendo los buzones anónimos en la revelación, prevención y persecución de prácticas irregulares, y destacó el incremento significativo de denuncias que había experimentado el buzón del Ayuntamiento de Barcelona desde que fue puesto en marcha. En relación a la Directiva, expresó su preocupación sobre el tratamiento que ésta realiza del anonimato, que deja al arbitrio del Estado miembro su implementación, y del nulo pronunciamiento sobre los efectos retroactivos, que deja en situación de desamparo y sin reconocimiento alguno a las personas que ya han sufrido las consecuencias de haber denunciado corrupción. Asimismo, identificó como un posible conflictivo las contradicciones que pudieran suscitarse entre la norma europea y las normas autonómicas en vigor. En el segundo bloque, y concretamente en relación a la posibilidad de recompensar la acción del denunciante, Rosa María consideró que era una buena alternativa a tener en cuenta y que existían otras maneras de recompensar al informante más allá de la económica, como el reconocimiento público o el hecho de ejemplificar o destacar positivamente ese tipo de conductas.

Ya en el ámbito privado, Pedro Montoya pronosticó que la transposición de la Directiva europea al contexto normativo nacional no supondrá la realización de cambios significativos en la estructura de los canales internos de denuncia ni tampoco en los procedimientos que se llevan a cabo en la actualidad, y recalcó que los puntos fuertes en los que se deberán centrar los esfuerzos será la confidencialidad y la protección del denunciante. Por último, consideró que el plazo de tres meses que propone la norma para dar respuesta a la denuncia es razonable, considerando como elementos esenciales de su tramitación la garantía de independencia y la competencia. Una vez adentrados en el segundo bloque, Pedro resaltó la importancia de no cuestionar la motivación del denunciante y de brindar una protección igual de segura al denunciado, respetando y asegurando su buen nombre y honor. Por último, remarcó la importancia de revertir la carga de la prueba en los procesos ulteriores que pudieran darse tras la realización de la denuncia, como por ejemplo los relacionados con el manejo de los secretos comerciales.

Lidón Sánchez expresó al respecto que la norma europea supondrá un reto significativo para las PYMES, dado que a partir de su transposición será de obligatoria implantación para las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores en plantilla. Asimismo, subrayó que si bien el canal de denuncias es importante, es en realidad un elemento más dentro del entorno de control y que se deberían también potenciar otras herramientas que fomenten el conocimiento necesario para poder actuar adecuadamente ante situaciones en que se presencien actos o hechos irregulares. En relación con el segundo bloque, Lidón destacó la importancia de seguir de cerca la amplia experiencia de Estados Unidos en la materia, en donde desde el 2010 ya se contempla la posibilidad de recibir recompensas económicas de entre el diez y el treinta por ciento de lo recaudado a partir de la denuncia realizada.

A juzgar por la gran convocatoria e interés que ha suscitado la jornada, es de esperar que ésta sea solo la primera de varias que se desarrollarán sobre la materia en el seno de la CNMC.

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