No todos a favor de la intervención pública. Foto cortesía de stuff and nonsense

No todos a favor de la intervención pública. Foto cortesía de stuff and nonsense

La semana pasada os explicábamos cómo EEUU prepara la extensión de la banda ancha por todo el país. A este lado del Atlántico también hay movimientos, aunque en otra dirección. La comisaria europea Neelie Kroes ha lanzado una consulta pública para marcar las pautas que han de guiar las ayudas de los gobiernos a la banda ancha.

El documento, de 20 páginas, se puede resumir en una frase: “Ayudas públicas sí… si no desalientan la inversión privada”. Teniendo en cuenta que, según los datos del Ministerio de Industria, en España el 99% de la población ya tiene acceso a la banda ancha (aclaramos que para estadísticas oficiales comunitarias, la banda ancha es a partir de 144 kbps), nos vamos a centrar en las ayudas públicas a la extensión de redes de nueva generación (NGA).

Para redes de fibra, la Comisión ha seguido el mismo modelo que para las ayudas a la red de cobre: canalizar la inversión pública a zonas rurales o poco atractivas para los operadores privados y descartar la intervención del gobierno donde ya haya competencia. La Comisión Europea propone en su consulta pública dividir el territorio en varias zonas:

  • “Black areas”: allí donde ya hay más de 1 red de nueva generación. En estas áreas no debería haber inversión pública porque se supone que ya existen los incentivos suficientes para que acudan los inversores privados.
  • “White areas”: zonas donde ni hay redes de nueva generación ni se prevén en un plazo de 5 años. En estos casos, las administraciones públicas pueden invertir o facilitar ayuda financiera a los operadores privados. Pero si ya existe una red de banda ancha tradicional, los gobiernos deben demostrar que los servicios que se dan sobre esa red no son suficientes para negocios y ciudadanos y que no existen otros métodos de ayuda menos intrusivos.
  • “Grey areas”: allí donde hay una única red NGA o se prevé que exista en el plazo de 5 años. Aquí, para que la inversión pública no desincentive la privada, la Comisión Europea propone que se justifique mucho más la necesidad.

Si finalmente un gobierno se lanza a desplegar una red de fibra, la Comisión Europea recomenienda que escoga una arquitectura punto a punto, de múltiples fibras o un tipo de red que permita ser desagregada, además de ser «open access».

Benoît Felten y Herman Wagter han criticado los pocos cambios que incorporan estas nuevas líneas maestras de la Comisión. Wagter lamenta los obstáculos que pone la CE al despliegue de nuevas redes comparados con los ambiciosos planes gubernamentales de despliegue de fibra óptica en Singapur o Australia.

Lejos de pensar en grandes despliegues nacionales de NGA, la Comisión sigue con su plan para que al menos el 100% de los ciudadanos tengan acceso a la banda ancha, aunque vivan en zonas rurales. En su plan de rescate económico, la Comisión planteó destinar 1.000 millones de euros para este fin.

Un reciente estudio de la consultora Isdefe para la CMT sobre el futuro despliegue de redes de fibra óptica apuntaba que en las zonas con mayor potencial económico será posible la competencia en infrestructuras, y es posible que hasta tres operadores den servicio con redes propias. En el resto del territorio, el mimo estudio apuntaba que «sería deseable la actuación de los poderes públicos para que los nuevos servicios basados en redes de nueva generación también puedan ser disfrutados por los residentes de estas áreas que resultan menos atractivas en términos de inversión».

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