Telecos y AA PP (II): El despliegue de redes como objetivo común

De la teoría a la práctica y de la filosofía al terreno. Si el lunes el V Encuentro sobre Telecomunicaciones y Gobiernos Locales, organizado por la CMT y Localret, llevó a debate las bases sobre la prestación de servicios electrónicos por parte de las AA PP o el nuevo marco regulador europeo de las telecomunicaciones, la segunda y última jornada de ayer aterrizó en las particularidades de los municipios pequeños y su acceso a la banda ancha.

Las NGN y el mundo rural. Imagen cortesía de mollypop.

Sobre la hoja de ruta marcada por la circular, que hace unos días aprobó la CMT, y que establece las condiciones que deben cumplir las Administraciones Públicas (AA PP) para prestar servicios y explotar redes de comunicaciones electrónicas, representantes de ayuntamientos expusieron algunos casos concretos de intervención pública en el despliegue de infraestructuras para comunicaciones electrónicas.

En este sentido, los casos de Alella y Cardedeu denotaron la predisposición de las AA PP locales, en este caso, para invertir en las nuevas redes, e invitaron a los operadores a prestar servicio a través de ellas. “Una vez la infraestructura exista nosotros no queremos operar”, aseguró el alcalde de Alella, Andreu Francisco. “Ponemos esta red para que las empresas que se dedican a este negocio puedan ofrecer los servicios a nuestros vecinos”, insistió Francisco.

El caso de Cardedeu, como explicó el asesor de su ayuntamiento Marc Redorta, al igual que el de Alella, supone inversión pública directa en infraestructuras de telecomunicaciones. No obstante, las primeras dudas en cuanto a inversión nacen en los municipios. “Convencer a un alcalde de que ponga dinero bajo el suelo, para algo que no se ve, es muy difícil”, advirtió Redorta. Son, según estos representantes locales, apuestas a “largo recorrido” e “inversiones con retorno”, eso es, que con el tiempo se pueden convertir en puestos de trabajo y atracciones para el dinero privado.

¿Qué dice el Ministerio?

Que el acceso a la banda ancha deberá de ser universal y  de 1Mbps mínimo, mediante la regulación que está incorporada en el proyecto de Ley de Economía Sostenible. Así lo explicó el director general de Telecomunicaciones de la SETSI, Bernardo Lorenzo, quien recordó la necesidad de “prevenir” a la hora de invertir. No sólo en la construcción de nuevos edificios que vengan ya equipados, sino que, “mediante una regulación” y en colaboración con Fomento, se van a establecer “obligaciones para cuando se desplieguen infraestructuras como carreteras o vías ferroviarias, que incorporen canalizaciones para redes y telefonía móvil”.

Para los móviles, por cierto, Lorenzo anunció que en 2011 “todas las licitaciones” para el uso de los espectros radioeléctricos “van a llevarse a cabo”. En cuanto a las frecuencias que se utilizaban en televisión analógica (“dividiendo digital”), van a ser liberadas antes del 1 de enero de 2015.

A todo eso, Lorenzo insistió en que el papel de las AA PP es “clave, no tanto aportando fondos públicos, sino facilitando el despliegue de las infraestructuras y agilizando los trámites administrativos”, algo que, a su parecer, es “fundamental” que se haga “pronto”.

Vías de solución en los pequeños municipios

Tanto desde el sector empresarial como los ayuntamientos, y como confirmación de lo planteado en la primera jornada, “colaboración” entre AA PP y operadores fue la expresión más citada y la condición más deseada.

El vicepresidente de Estrategia y Marketing de Ericsson, Miguel Ángel Rodríguez, apuntó el concepto de “factor diferenciador” que supone para un municipio disponer de las infraestructuras para nuevas telecomunicaciones. En la misma línea, según la directora general de ASTEL, Carmen González, “el desarrollo de la competencia de la banda ancha representa creación de empleo y crecimiento económico”.

“Necesitamos convicción de las entidades locales”, resumía el director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de ALCATEL-LUCENT, Tomás San Juan. “Coraje para saber que la fibra no la ven mis vecinos pero la pueden sentir. La fibra es más duradera que un parque”, argumentó en respuesta a la dificultad de visión a largo plazo que se había planteado.

David Ferrer, miembro de Localret, lo confirmó: “Para los ayuntamientos, las telecomunicaciones, aunque muy importantes, no son una prioridad”. Y lanzó al aire una nueva pregunta: “¿Por qué los operadores invierten en zonas donde hay más rentabilidad y no ayudan a los municipios pequeños?”. Ferrer recibió ahí el apoyo del concejal del ayuntamiento de Miguelturra, una localidad puntera en el desarrollo de infraestructuras para comunicaciones electrónicas. Agapito Arévalo afirmó que ellos han “preparado el terreno” pero los operadores “no quieren desplegar los servicios” ni invertir.

Las cartas están, pues, encima de la mesa. Dos ideas claras que resumió el presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, en la conclusión del Encuentro: “Sin administraciones locales no vamos a poder desplegar las infraestructuras, y sin los operadores no vamos a poder prestar el servicio”. ¿Cuál es el camino, pues? “Busquemos la forma de aunar las dos ideas para el beneficio de los ciudadanos”, remató Rodríguez.

El máximo representante de la CMT consideró “positiva” la evolución del Encuentro, “importante” la capacidad de trabajar juntas todas las partes implicadas, y pidió que, conscientes de la problemática, “aprovechemos la experiencia porque nos queda mucho”.

Ya os hemos contado anteriores Encuentros de Telecomunicaciones y Gobiernos Locales. Los podéis encontrar aquí.