Foto cortesía de Libertinus

Kiero tus konduktos. Foto cortesía de Libertinus

Por Decreto Ley, así es como Portugal ha decidido que va a abrir sus conductos para fomentar el despliegue de redes de fibra óptica. Hasta aquí todo normal. Nosotros también hemos obligado a Teléfonica a abrir sus canalizaciones para que otros operadores puedan tender su propia fibra. Sin embargo, la norma lusa plantea una ocupación mucho más radical…

«Se establece así una regla de acceso abierto y no discriminatorio a los conductos, postes y otras instalaciones pertenecientes a entidades que operando en otros sectores, dispongan de redes de conductos de significativa importancia» (Introducción del Decreto-Lei 123/2009 de 21 de maio).

Sí, sí, habéis leído bien, con este Decreto ningún sector estratégico del país se librará de facilitar acceso a cualquier operador de telecos que le pida «okupar» sus conductos. En este saco se incluyen a entidades (públicas o privadas) que tengan infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias, de aeropuertos, de abastecimiento de agua, transporte y distribución de gas, electricidad y de cualquier otra clase por las que se puedan colar los cables de fibra.

Ya os hemos contado que existen diversas iniciativas en centroeuropa y en los países nórdicos en las que el despliegue de redes de fibra óptica se realiza a través de los conductos de la red de alcantarillado, luz, agua, etc. Sin embargo, generalmente esta ocupación se realiza mediante acuerdos privados entre las distintas compañías o aprovechando que las infraestructuras disponibles pertenecen a empresas públicas. Es la primera vez que vemos que un Gobierno aprueba una norma exclusiva para facilitar el acceso.

Un mapa gigante subterráneo

Ahora la pregunta que sigue es: ¿y cómo se garantizará el acceso?. Pues por lo que hemos leído, se ha previsto la creación de un Servicio de Información Centralizado (SIC),  que será algo así como una especie de base de datos gigante del subsuelo portugués. Todas estas entidades deberán elaborar y tener actualizado un mapa con información descriptiva y georeferenciada de las infraestructuras que son aptas para alojar redes de comunicaciones electrónicas.

Aunque la norma está hecha por el Gobierno, el guardián de toda esa información será nuestro homólogo portugués, Anacom, que se encargará del diseño del SIC, de su gestión y mantenimiento.  A esta herramienta podrán acceder las entidades que deberán abrir sus conductos, los operadores de telecomunicaciones y los reguladores sectoriales.

La normativa prevé que las entidades que darán el acceso no tengan la tentación de dormirse en los laureles  a la hora de dejarles pasar por sus tubos. Los acuerdos serán céleres, con un plazo máximo de 20 días para alcanzar un consenso. Una vez  que se haya concedido el acceso, la empresa que tenderá la fibra tendrá un plazo de 4 meses para ello, si no le caducará el derecho de acceso. En cuanto a los precios, deberán estar orientados a costes y reflejarán los costes de construcción, mantenimiento, reparación y mejora de las infraestructuras…

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