Los Estados miembros de la Unión Europea están en pleno proceso de transposición de la Directiva 2014/61/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad y que debe ser incorporada al derecho nacional a más tardar el 1 de enero de 2016.

Manos a la obra. Foto en flickr de ken walton

Manos a la obra. Foto en flickr de ken walton

La Directiva tiene como objetivos primordiales simplificar los trámites administrativos relacionados con el despliegue de redes de telecomunicaciones de alta velocidad (las denominadas redes de nueva generación, tanto fijas como móviles), e incentivar el uso compartido de las infraestructuras físicas (las tuberías, conductos, etc.…) que ya se encuentran disponibles.

El conjunto de medidas planteadas no terminará con las tan temidas zanjas y obras en las ciudades, pero al menos contribuirá a racionalizarlas. Esta iniciativa legislativa es además particularmente importante, si se tiene en cuenta que los costes relacionados con el tendido de redes suponen la mayor parte del coste total de despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones.

En este contexto, la CNMC acaba de publicar su informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula el acceso a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, la coordinación de obras civiles y la publicación de información sobre concesión de permisos, mediante el cual se procederá a la transposición en España de la Directiva 2014/61/UE.

Nueva legislación

El proyecto de Real Decreto contiene una serie de disposiciones relativas a:

  • El derecho de acceso por parte de los operadores de telecomunicaciones a la infraestructura física de otros agentes económicos (incluyendo por ejemplo la infraestructura de otros operadores de telecomunicaciones, así como operadores de redes de gas, electricidad, calefacción, agua, ), así como la información que deberá ser puesta a disposición de los operadores de telecomunicaciones para que el acceso se pueda llevar a cabo en condiciones óptimas;
  • La coordinación de las obras civiles relacionadas con el despliegue de nuevas redes, y la información que deberá ser puesta a disposición de los operadores de telecomunicaciones para que pueda llevarse a cabo dicha coordinación;
  • La agilización de los procedimientos administrativos de concesión de permisos.

Qué propone la CNMC

La CNMC se muestra en general favorable con iniciativas como la planteada, que buscan racionalizar los procesos de despliegue de redes de telecomunicaciones. La garantía del acceso por parte de los operadores de telecomunicaciones a la infraestructura de otros agentes económicos es un derecho particularmente importante, que permitirá hacer un uso más efectivo de la infraestructura ya disponible, y contribuirá a abaratar costes (haciendo que la inversión en redes de nueva generación resulte más atractiva).

En su informe, la CNMC incluye algunas propuestas, como son:

  • Clarificar los factores que deberán ser tomados en consideración por los agentes económicos a la hora de negociar los precios de acceso a las infraestructuras ya existentes (en caso de que no exista un acuerdo sobre precios, será la CNMC la que deba dirimir qué precio se entiende es razonable).
  • Facilitar la diseminación de la información disponible en materia de infraestructuras físicas, a través del desarrollo de herramientas que permitan el acceso a la información de manera centralizada (constitución de un punto de información único), e incorporando la información que ya pueda obrar en poder de las Administraciones públicas (que habrán recopilado a lo largo de los años información relevante sobre esta materia).
  • Limitar las causas por las que los propietarios de la infraestructura física podrán denegar el acceso a la información que debe ser puesta a disposición de los operadores de telecomunicaciones para que estos puedan planificar sus despliegues, y asegurar la existencia de puntos de contacto para la remisión de la información desde un primer momento.
  • Ampliar las obligaciones de coordinación de obras civiles y transparencia a todo tipo de obras (o al menos, las más importantes), y no exclusivamente a las obras civiles total o parcialmente financiadas con recursos públicos.
  • Prever que la tramitación de los permisos y licencias necesarios para el despliegue de redes pueda gestionarse de manera centralizada a partir de un punto de información único, sin perjuicio en todo caso de las competencias decisorias de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

 Acceso al informe completo

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