En octubre del año pasado, el regulador de las telecos en EE UU, la FCC, inició un proceso de consulta para averiguar qué tipo de normas deberían ponerse en marcha para acabar con el temido problema de las facturas de móvil excesivas, conocido como bill shock . Como en alguna ocasión ya os hemos hablado de ello en el blog, hemos seguido el tema y os mostramos las respuestas a esta consulta que la FCC acaba de hacer públicas. De hecho,  siguen entrando respuestas, aunque las grandes empresas del sector ya han dicho la suya.

Sorprendido al ver la factura del móvil. Foto en flickr de bensonkua

Sorprendido al ver la factura del móvil. Foto en flickr de bensonkua

Hay opiniones para todos los gustos: las telecos continúan argumentando que dichas normas no son necesarias, mientras que los usuarios aseguran verse impotentes para evitar las facturas excesivas.

Ya hace meses que la FCC sigue la pista a este problema. De hecho, desde mediados del año pasado, el regulador estadounidense tiene la vista puesta en las comunicaciones móviles con varios frentes abiertos y el tema bill shock es uno más de la agenda. Según el organismo que preside Julius Genachowski, el bill shock afecta a unos 30 millones de estadounidenses, lo que vendría a ser uno de cada seis usuarios de telefonía móvil.

Las respuestas que ha recibido la FCC enfrentan a la industria inalámbrica con los grupos de interés de los consumidores. Las empresas de telefonía móvil defienden sus prácticas: la CTIA, la patronal de las compañías y la industria  móvil, por ejemplo, ha señalado que todas las grandes compañías, así como muchas de las compañías más pequeñas, tienen mecanismos para que los abonados puedan controlar, desde el mismo terminal móvil,  cuántos minutos hablan, la cantidad de datos y el número de mensajes que figuran en sus teléfonos. Además, añade que los consumidores también pueden llamar a sus compañías para informarse e incluso comprobar su uso a través de los sitios web de las compañías. Por eso, pide a la FCC que, en vez de dictar normas a los operadores, trabajen con ellos para intentar educar a los consumidores para que sean más conscientes de todas las oportunidades de consulta que tienen.

El problema con este argumento es que si todos los instrumentos de consulta funcionaran bien y  fueran realmente fáciles de usar para la mayoría de los consumidores no estaríamos ante una oleada de denuncias de afectados. Es lo que sostienen grupos como Consumer Action, Consumer Federation of America o Free Press que instan a la FCC a imponer reglas para que el consumidor acepte o reniegue claramente de los recargos adicionales.

Más frecuente en tarifas de datos

Los datos que manejan, tanto la FCC como las asociaciones de consumidores, dicen que el bill shock es realmente común: la mayoría de estas facturas-sorpresa llega a clientes que tenían contratada una tarifa de datos en su móvil con unos límites de uso y descarga preestablecidos. La FCC ya propuso en octubre de 2010, cuando inició este periodo de consultas, que los operadores deberían enviar alertas a los consumidores en forma de notificaciones automáticas (vía voz o vía texto) cuando estén acercándose a sus límites contratados o bien cuando estén a punto de incurrir en tarifas de itinerancia o cualquier otra más elevada de lo habitual. Algo que parece necesario, teniendo en cuenta que  más de un 80% de los afectados por cargos excesivos en las facturas asegura que no recibió ningún mensaje sobre el incremento repentino antes de recibir la sorpresa vía factura.

En el otro lado, para Verizon Wireless, imponer normas prescriptivas limitaría, por ejemplo, la flexibilidad de los proveedores para responder a las necesidades de los consumidores.  AT & T también se pregunta si la FCC tiene la competencia legal para imponer cualquiera de sus normas propuestas sobre el acceso inalámbrico a Internet de banda ancha o los servicios de SMS de mensajería de texto, puesto que son servicios de información fuera del ámbito de aplicación del Título II de la Ley de Comunicaciones. Sprint, por su parte, apunta que la FCC se enfrentaría a varios problemas logísticos en la aplicación de las normas del bill shock: exactamente cómo y cuando los clientes deben ser notificados, cuando deberían estar alerta, qué pasa con los contratos prepago, etc… Además, reniega de las cifras que manejan la FCC y las organizaciones de consumidores sobre la incidencia real del tema.

Aunque el problema acabe siendo una combinación de dos factores: consumidores que no leen los detalles del contrato  y compañías que no hacen demasiado bien su trabajo simplificando facturas o contratos; ahora, con todos los comentarios recibidos sobre la mesa, la FCC tiene la pelota en su tejado para determinar si – y cómo – va a imponer regulación en este campo. Estaremos atentos.

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