Fibra, a ras. Foto de Stavros G.

Fibra, a ras. Foto de Stavros G.

En los últimos meses han aparecido un número considerable de iniciativas en proyectos de telecomunicaciones que involucran las administraciones públicas y a las empresas del sector.

Sea porque en tiempos de crisis las AAPP se ven obligadas a tirar del carro inversor, sea porque las autoridades locales o nacionales desean dar un impulso a la actividad económica a través de la mejora de las infraestruturas y/o los servicios de telecomunicaciones, lo cierto  es que la participación de las instituciones públicas en este sector está siendo cada vez más activa y debatida.

No nos referimos sólo a proyectos en los que los gobiernos se constituyen como operadores y suplen (complementar, sustituir) la actividad de los operadores o las ayudas públicas directas hacia la industria, sino también otras formas de participación más innovadoras, como joint ventures con empresas del sector, creación de consorcios para explotar redes abiertas o acuerdos para facilitar el dominio público y acelerar los nuevos despliegues.

Os exponemos algunos ejemplos que nos han llamado la atención.

La administración Obama ha prometido subsidios a la industria por4.500 millones de euros con el objetivo de extender la banda ancha, en concreto la redes de nueva generación. Aunque todavía quedan detalles por concretar, los planes de desarrollo de la banda ancha en EEUU tienen el recelo de la industria ya que consideran que las condiciones impuestas para acceder a estas ayudas son restrictivas.

En el Reino Unido, el gobierno se ha comprometido a que llegue una conexión de, como mínimo, 2 megas  a todos los hogares antes de 2012, una medida que el propio regulador británico cifró entre 57 y 74 millones de libras adicionales para British Telecom, actual prestadora del servicio universal. Esta fue una de las propuestas contenidas en el exahaustivo informe Digital Britain, publicado por el gobierno británico a finales de enero que ha generado reacciones de todo tipo, aunque las más críticas apuntan a su falta de concreción y ambición.

El pasado 3 de febrero, el gobierno alemán convocaba a todo el sector con la finalidad de consensuar una estretegia conjunta de cooperación para el desarrollo de la banda ancha en ese país. Entre los objetivos de este plan figuran: que todas las viviendas tengan acceso a banda ancha en 2010, que el 75% de esos hogares tenga acceso a velocidades de 50Mbps en 2014 (el 100% en 2018); aprovechar el dividendo digital del apagón analógico para acercar la banda ancha a las zonas rurales a través de tecnología inalámbricas e impulsar la cooperación entre operadores para extender las redes de nueva generación.  No se  mencionaron en ningún momento cifras de inversión, aunque la propia canciller, Angela Merkel, se ha comprometido a dar más detalles el 18 e febrero. La reunión de Merkel con las telecos alemanas estuvo precedida de las acusaciones de algunos operadores alternativos que señalaron que el gobierno pretendía dar rienda suelta a Deutsche Telekom para  que desplegara redes VDSL y FTTH.

Por su lado, la Comisión Europea presentó una propuesta global para reactivar la economía que incluía una partida de 1.000 millones para banda ancha, pero su plan todavía tiene que conseguir el aprobado del Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo. Se conocen pocos detalles del proyecto europeo, pero de momento se sabe que estará enfocado a zonas rurales y tendría tres patas: el desarollo de nuevas infraestructuras de banda ancha (fijas, wireless, satélite…), la mejora de las actuales redes y el despliegue de infraestructuras pasivas (conductos, canalizaciones…).

Recientemente, las principales operadoras europeas se han reunido con el presidente de la CE, José Manuel Barroso, y las comisiarias Reding y Kroes, para preparar un supuesto plan de inversiones a cambio de estabilidad regulatoria.

Francia tampoco ha prometido dinero a sus operadoras. Su plan «Francia Digital 2012» se apoya en una banda ancha universal de como mínimo 512 kb/s a un precio máximo de 35 € al mes. En cuanto a las redes de nueva generación, el gobierno francés cambiará la normativa para favorecer su despliegue y utilizará las frecuencias liberadas por el apagón analógico para extender la banda ancha.

En España, el Plan Avanza2 para 2009 tiene un apartado dedicado a las «Infraestructuras», pero sin partida presupuestaria por el momento porque depende de los Fondos FEDER europeos. Sí hay más concreción en los planes del gobierno de iniciar la tramitación en junio de este año de la nueva normativa de ICT’s y del despliegue de redes de nueva generación en carreteras y líneas de ferrocarril. A nivel local, la semana pasada el Ayuntamiento de Madrid presentaba un plan para extender la banda ancha ultrarápida en esa ciudad,  que contaba con el apoyo de las empresas del sector, que son las que en un principio pondrían el dinero, y la voluntad del consistorio para facilitar el despliegue de esas infraestructuras.

En España, un caso significativo de la iniciativa publica en la extensión de redes de telecomunicaciones es la de Asturcón, gestionada por el GITPA. Esta red de fibra óptica (FTTH) está abierta a otros operadores y permite que muchas poblaciones de ámbito rural en asturias tengan acceso a velocidades de 100 Mbps.

También desde una perspectiva local nos ha llamado la atención la iniciativa de la ciudad de Amsterdam, que cuenta con un plan pionero en la extensión de las redes de fibra óptica apadrinado por un consorcio público-privado. La red Amsterdam Citynet era un consorcio liderado a partes iguales por el ayuntamiento de la capital holandesa, varias compañías constructoras y la empresa Reggefiber. En los últimos años habían extendido una red que alcanzaba a 43.000 viviendas y recientemente la operadora KPN, el incumbente holandés ha mostrado su interés en ofrecer servicios sobre esa red. El nuevo paso es duplicar el número de hogares cableados. KPN tomó hace poco una participación en Reggefiber y esta última compañía podría hacerse con el control de más de dos tercios del consorcio,  mientras la otra tercera parte se la repartirían los otros dos socios, es decir, la ciudad de Amsterdam y el grupo de compañías constructoras.

Los que tengáis interés en los avances del proyecto de Amsterdam y sus implicaciones (es open acces) tenéis más detalles aquí. Y siguiendo el asunto de redes de fibra tendidas por instituciones públicas en ámbitos locales os recomendamos este artículo publicado en octubre del año pasado en The New York Times, que habla del caso Palo Alto, California (La Meca de la technología).

Seguro que nos dejamos muchas iniciativas y ejemplos destacables. Estaremos encantados de que aprovechéis los comentarios de este post para darlas a conocer.

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